Abog. Octavio Pineda espinoza(*)
En Honduras, como todas las democracias clásicas republicanas y representativas se materializó en la Carta Magna la doctrina de la separación de poderes elaborada por Montesquieu y otros, en la que señala que la función legislativa como lo es, la de crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes le corresponde por excelencia al órgano legislativo el cual no debe tener relaciones de dependencia o subordinación con respecto a los otros dos poderes, en particular con el Poder Ejecutivo, precisamente para asegurar que exista un equilibrio entre los poderes y que la democracia funcione adecuadamente y se evite el férreo control del poder por una persona que maneje a su antojo el país ya que como dice un pensamiento famoso: “el poder absoluto, corrompe absolutamente”.
Para nadie es novedad que en el caso de nuestra nación, el CN debería ser el fiel de la balanza entre los poderes, siendo que es el órgano político por excelencia y el espacio donde se toman las decisiones más trascendentales del país lo que requiere de un Poder Legislativo con la capacidad interna de arribar a consensos entre los partidos políticos de toda índole, toda vez que no existe una bancada mayoritaria de ningún partido que tenga los 65 votos de una mayoría simple y mucho menos de una mayoría calificada de 86 votos.
El actual CN, señalado por muchos desde ya, como el peor Congreso de la historia, comenzó sus funciones de manera irregular cuando la elección de su presidente y directiva, se produjo en medio de un zafarrancho en el que, al mismo tiempo, se eligieron dos juntas directivas de manera ilegal ambas, desde mi punto de vista, pues se violentaron disposiciones legales y constitucionales así como la praxis inveterada para la elección de los mismos, de tal forma que, de entrada la elección prácticamente impuesta de Luis Redondo debilitó su figura. Redondo es quizás, el presidente más débil que ha tenido el Congreso, puesto que realmente no tiene ascendencia sobre sus pares de cámara quienes reconocen su falta de habilidades de negociación, su falta de tolerancia política, su amplio desconocimiento del procedimiento parlamentario y del derecho constitucional y de la propia Ley Orgánica del Legislativo, en fin, su inexistente liderazgo que sumado a su accionar dictatorial le suma a la falta de respeto que le tienen los otros poderes del Estado, los diputados y la ciudadanía en general que lo ven como un títere del Ejecutivo, sin la capacidad de mantener ese preciado equilibrio que debe existir entre dichos poderes.
Tal situación quedó evidenciada grandemente de manera reciente con el tema de la no entrada de Honduras al CAF como resultado de la no ratificación del acta donde se discutió y se votó tal punto, que generó una inactividad legislativa de dos meses y un estira y encoge entre él y las bancadas de oposición que fue el corolario de una serie de acciones irregulares e ilegales del mismo titular del Poder Legislativo, pretendiendo imponer una decisión que le fue transmitida desde el Ejecutivo violentando los más claros principios democráticos que señalan el gobierno de las mayorías en todo tipo de decisiones.
La irregularidad con la que se maneja el CN crea mayor crisis en un país azotado por varios problemas estructurales en diversas materias: educación, salud, infraestructura, seguridad, fortalecimiento del Estado de derecho, persecución del crimen y la impunidad, generación de empleo, inversión pública y otros.
Esta situación de un Poder Legislativo tambaleante, vacilante, incapaz de producir lo que necesita en materia de legislación el país para afrontar todas las crisis mencionadas, ha llevado a varios diputados, incluso de Libre, a plantear la necesidad de cambiar la cabeza del CN, situación que no existe en la Constitución ya que la elección del presidente de ese Poder del Estado se realiza por 4 años, sin embargo, analizando el Art. 234 Constitucional se pueda encontrar una solución, puesto que el mismo señala el mecanismo del Juicio Político cuando un diputado, como lo es Redondo, sea denunciado por realizar situaciones contrarias a la Constitución o el interés nacional y por manifiesta negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo, hechos que se han comprobado ampliamente en este caso y que son de público conocimiento.
Tocará a Libre y a las otras bancadas hacer las valoraciones del caso, puesto que la inoperancia del CN afecta a todos y cada uno de los diputados de todos los partidos quienes ya se encuentran bajo la lupa de la ciudadanía por muchas de sus acciones incorrectas y que definitivamente les puede pasar factura a la mayoría, una vez que venga el período electoral y se revisen sus resultados. El país merece un más activo y mejor órgano legislativo si queremos salir adelante como nación y como una democracia.
(*) Abogado y Notario, Catedrático Universitario