Por: Fernando Berríos (Periodista)
Por tercera vez, Estados Unidos vuelve a enviar un mensaje en torno a la lucha contra la corrupción en los países de Centroamérica, al publicar una nueva actualización de la lista Engel.
Como era de esperarse, en la misma figuran connotadas figuras de los principales partidos políticos, no así de aquellos personajes privados con quienes estos políticos habrían incurrido en prácticas corruptas.
Nos ha alegrado en sobremanera leer que uno de los enlistados es señalado por obstruir investigaciones de sus actos corruptos al intimidar periodistas. Y esto nos alegra porque hoy, quizás más que ayer, sobreabundan esos funcionarios emborrachados de poder que se creen con autoridad para andar acosando a periodistas, difamándolos y calumniándolos.
También nos alegra leer que en la lista aparecen aquellos que desde el Congreso Nacional o desde sus posiciones de liderazgo han usado influencias y otros artificios para incidir irregularmente en la elección de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia. Tarde o temprano, todos los que se han prestado para vulnerar estos procesos democráticos, recibirán su merecido.
Y este mensaje que se envía desde el norte es muy propicio porque estamos a las puertas de la elección de un nuevo Fiscal General y Fiscal Adjunto. Allá aquellos que creen que nadie observa sus excesos y sus triquiñuelas políticas.
No nos corresponde juzgar a quienes aparecen en esta y en las anteriores listas, por tanto, dedicaremos este espacio para explicar a los lectores qué significa y qué implica aparecer en la Lista Engel.
Esta es una lista elaborada a petición del Congreso de los Estados Unidos para sancionar a los políticos corruptos del Triángulo Norte.
Se llama así por Eliot Engel, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, quien tiene entre sus logros, haber conseguido la aprobación de legislación que permite al gobierno norteamericano retirar los visados a funcionarios, con la finalidad de que el ejecutivo sea capaz de identificarlos como corruptos o implicados en crímenes.
Fue aprobada por el Congreso de EUA el lunes 21 de diciembre de 2020, bajo el nombre Ley de Compromiso Mejorada del Triángulo Norte de los Estados Unidos (HR 2615).
Es importante destacar que el 27 de diciembre de 2020 fue aprobada la Sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte de los Estados Unidos. De esta manera se crearon mediante la sección 353 “Sanciones específicas para combatir la corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras”.
Las personas enlistadas, de acuerdo a Estados Unidos, habrían incurrido en: corrupción relacionada a contratos de gobierno, soborno y extorsión, facilitación o transferencia de fondos provenientes de la corrupción, incluyendo mediante lavado de dinero, actos de violencia, acoso o intimidación dirigidos a investigadores de corrupción, gubernamentales y no gubernamentales.
Desde que se publicó la primera lista han aparecido en ella expresidentes, exprimeras damas, muchos congresistas, alcaldes y empresarios, vinculados a los partidos Nacional, Liberal, Libre y Democracia Cristiana.
Todos los que aparecen en esta lista de inmediato pierden su visa de ingreso a los Estados Unidos, por un periodo mínimo de 3 años. Además, no pueden ser elegibles o tener beneficios migratorios.
En 2021, al publicarse el primer listado, aparecieron 21 personajes ligados a la política, lo que estremeció el país, cuya población clama justicia ante tantos actos de corrupción y el socavamiento de las bases democráticas.
En el segundo listado se agregaron 15 nuevos nombres, incluyendo prominentes líderes del actual gobierno, quienes pese a esa “sanción moral” proveniente de Estados Unidos, se mantienen en sus cargos.
En este tercer listado, hay 10 nuevos personajes, uno de ellos alcalde en funciones, otro es presidente de uno de los principales partidos políticos, hay un diputado, un empresario, un ejecutivo administrativo y varios exfuncionarios del gobierno anterior.
Estados Unidos ha sido y sigue siendo el principal socio comercial de Honduras y es el hogar de más de un millón de hondureños que solo el año pasado enviaron al país más de 8,600 millones de dólares en remesas.
El informe deja claro que las personas han sido incluidas tras determinarse que han participado en la actividad relevante en base a información creíble o alegatos de la conducta en cuestión, de informes de los medios y otras fuentes. Se indica que el Departamento continuará revisando a las personas enumeradas en el informe y considerará todas herramientas disponibles para disuadir e interrumpir la actividad corrupta y antidemocrática en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Además el Departamento también continúa revisando información y alegaciones creíbles adicionales para que los funcionarios corruptos o antidemocráticos no puedan refugiarse en los Estados Unidos.
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