Políticas desde la configuración de un Estado de derecho: un puente pendiente para la educación pública

Autora: Dora Díaz Quintero PhD
Catedrática e Investigadora UNAH

Este artículo tiene como fundamento la convicción que, las políticas públicas emanan la configuración de un Estado de derecho, desde la perspectiva de garantía ante una sociedad y, esta vislumbre dimensiones de bienestar común desde aspectos fundamentales para la convivencia ciudadana, en el sentido de, adquirir y disfrutar beneficios con obligaciones en el ser y hacer ciudadanía para el crecimiento y desarrollo humano por capacidades, destrezas, habilidades; de estas, exista oportunidades diversas y, estas aporten a consolidar sociedad y Estado, es decir con rasgos de identidad propia, desde la perspectiva en configurar políticas públicas con garantía a la educación pública de una nación.

En esta perspectiva, la política pública en materia educativa en Honduras, desde mi opinión con basamento en las investigaciones científicas desarrolladas e investigadora de temáticas socioeducativa y, los aportes han sido a través de artículos científicos en revistas de publicación indexada, caso en América Latina y conferencias nacionales e internacionales; de esta forma, invito a revisar el contenido de propuestas al contexto hondureño y, con aproximaciones estratégicas en fortalecer y focalizar la atención mediante la configuración de políticas públicas, orientadas al desarrollo humano sostenible.

Desde esta perspectiva de análisis, Honduras en los últimos diez años, ha puesto en la mesa de discusión, “buenas intenciones”, sin llegar a ejecutar políticas públicas que gesten planes de acción con el objetivo de configurar un Estado de derecho, en beneficio de la NNA (Niñas, Niños y Adolescentes), el caso de la educación pública, siendo un puente pendiente en lograr, entre la garantía del acceso y oportunidades educativas para el desarrollo de capacidades que conlleven bienestar común, es allí donde se podría aseverar que la educación pública está adquiriendo un Estado de derecho; al respecto, preguntémonos ¿cuándo será que los tomadores de decisiones tomarán referentes investigativos para el desarrollo de políticas públicas?

Estoy enterada que se ha elaborado políticas educativas en papel, caso de la Formación Docente Integrado a un Sistema Nacional de Formación Docente (SINAFOD) , la Alfabetización de Jóvenes y Adultos, la Educación Técnica, Educación Inclusiva, entre otras; pero estas no se ejecutan, el evocado pacto fiscal, podría ser una determinante para financiar estas iniciativas, con erogaciones presupuestarias que no superar miles de millones, basta ver “la estrategia metodológica a utilizar” de acuerdo a la realidad educativa y eso pasa por la voluntad de los gestores de las entidades públicas.

En este contexto, los indicadores educativos señalan que el analfabetismo está en 12.7%, siendo este un fenómeno ascendente en el área rural, siendo un factor incidente, como es la transmisión intergeneracional entre las familias, la dispersión geográfica que existe para ir a un centro educativo; para erradicar este indicador, se necesita una estrategia en forma focalizada, situada y esto, pasa por adquirir una data comunitaria, que identifique las necesidades e intereses reales de las comunidades, consecuentemente un plan de acción, con alianzas estratégicas de aliados, socios y todas las fuerzas vivas en base a un compromiso nacional.

Un Estado de derecho, es concebir también el derecho de voz y voto de la mujer, siendo partícipe en espacios públicos, lograr estos derechos están relacionados a quehacer de garantía; en el caso los pueblos originarios, la mujer lenca, se ha comprobado que a mayor nivel de ser socias a una organización será mayor su participación y liderazgo en proyectos comunitarios relacionado a filosofías de instituciones ; entre otro caso, las modalidades educativas, tiene su basamento legal en la Ley Fundamental de Educación, menciona la flexibilidad y adaptación curricular para ofertar alternativas a la apertura de carreras técnicas .

Esto indica, que los jóvenes que no han logrado poseer la educación obligatoria del tercer ciclo, se encuentran en edad no oportuna y, por tanto, debe orientar su atención a poseer su propia estructura curricular y textos que se adapten a un modelo educativo andragógico, realidad educativa que no se observa el derecho a esta adaptación.
Por otro lado, los NNA inmigrantes de retorno al contexto escolar, un estudio realizado, cuyos hallazgos revela, la existencia de un alto porcentaje en jóvenes que no culminan la educación media, siendo edades de 13 a 21 años , es decir en edad productiva, cuya consecuencia es cuando son retornados a mediados del año o casi culminando el año académico, en su mayoría no se tiene un plan de inserción en forma integral, con situaciones de vulnerabilidad en aspectos sociales, afectivos y de comportamiento.

Sin duda, un Estado de derecho, garante a estos problemas con iniciativas de solución, estaría siendo un puente entre políticas públicas en beneficio a crear condiciones de derechos, ante la vulnerabilidad a realidades educativas descritas, considerando que un pacto fiscal nacional, serio y con compromiso franco y sincero, estaríamos beneficiando a los NNA del futuro de Honduras en el marco del desarrollo humano por capacidades.

Doctora en Ciencias Sociales en Gestión del Desarrollo Humano, Master en Investigación Educativa, Licda. en Pedagogía con Orientación en planeamiento y administración de la educación