Abog. Octavio Pineda Espinoza(*)
Se ha dado el paso previo a la elección del nuevo Fiscal General y Adjunto del Ministerio Público con la entrega que la Junta Proponente, de buen suceso, ha hecho al Congreso Nacional del listado de 5 propuestos por la misma, de los 26 que iniciaron el proceso y que han llegado al final del mismo después de la investigación realizada por dicha junta que en términos generales superó incluso la actividad de la Junta Nominadora de la CSJ y que pasan ahora al escrutinio de los partidos políticos en el órgano legislativo.
La decisión del CN debe tomarse en septiembre pero es significativo que todo esto se da en un ambiente de anarquía en el país creado desde el Ejecutivo, pasando por el Legislativo dirigido erróneamente por Luis Redondo que, al enviar a sanción el Decreto donde se da la adhesión al CAF ha violentado el debido procedimiento parlamentario establecido en los Arts. 214 y 215 constitucionales y en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ya que puso a votación el tema antes de discutirlo en la sesión del Congreso respectiva y después que el acta no fue ratificada por una mayoría abrumadora de los diputados de la oposición, asimismo se mantiene la presión de Libre por que se apruebe a matacaballo la llamada Ley de Justicia Tributaria y la ley denominada popularmente Ley de escuchas, proyectos que no cuentan con el apoyo de las bancadas de oposición por ser violatorios de garantías constitucionales.
El ambiente generado por los ministros y diputados de Libre en el Legislativo es indicativo de su pretensión de sobrepasar los límites impuestos por la Constitución y las leyes del país para generar caos y así justificar lo que ha sido su pretensión de siempre: la Asamblea Nacional Constituyente, que tiene por objetivo principal eliminar los artículos pétreos constitucionales y los delitos de traición a la patria, dejando así abierta la puerta a una dictadura de partido estilo Nicaragua, Venezuela o Cuba, ya que además plantean eliminar la inscripción de un partido de oposición, como lo han manifestado recientemente o quizás de todos, si sirve a sus intereses, criminalizar la protesta e instrumentalizar a sus colectivos para atacar hasta físicamente a los opositores, como también ha sucedido hace algunos días.
La firma de convenios de colaboración “política” con Venezuela, Cuba, China y otros países del mismo corte señalan que la intención real del gobierno no es resolver la problemática nacional que mantiene a Honduras como el más pobre y desigual de Latinoamérica, sino fortalecer la capacidad político partidaria de Libre para eliminar todos los obstáculos legales que le estorban a “Mel” Zelaya para mantenerse en el poder más allá del período constitucional porque saben por la lectura de las encuestas, que en un nuevo proceso electoral que sea limpio, no tienen opción alguna de continuar siendo gobierno sino manipulan el mismo desde los organismos electorales o utilizando el caos y la anarquía para militarizar la sociedad y perseguir desde el MP a los adversarios políticos.
La Junta Proponente hizo su tarea y envió al CN un listado de 5 profesionales del derecho con altas capacidades profesionales, intelectuales y éticas, asimismo con amplia experiencia en las materias requeridas para una adecuada gestión que le garantice eficacia, transparencia, efectividad e independencia del MP al pueblo hondureño y que le permita ganar credibilidad de nuevo entre el gremio de los abogados quienes han sido muy críticos de las acciones o falta de acciones de dicho organismo responsable de la representación, defensa y protección de los intereses de la sociedad.
Hay escenarios planteados en lo que respecta a la elección del MP, en uno, los partidos de oposición podrían hacer la selección del FG y FA sin contar con la bancada de Libre, quizás el escenario más adecuado si se busca mantener equilibrio y separación de poder en el país, otro escenario que ya ha planteado Libre, es negociar y ponerse de acuerdo con su sempiterno “enemigo” o sea el PN porque ambos buscan impunidad para sus funcionarios y diputados señalados con actos reñidos con la ley, en un tercer escenario y utilizando la anarquía a la que me refiero, no se produciría elección y se quedaría el actual Fiscal hasta que prescriban acciones en contra de los mismos, otro escenario posible incluiría al PL quedándose con la Dirección General de Fiscalías, en fin, lo cierto es que se ha abierto el espacio para la negociación política.
Esperemos el CN haga lo correcto y lo legal para bien del pueblo hondureño.
(*) Abogado y Notario. Catedrático Universitario.