Carolina Alduvín
Definido como una conversación entre dos o más personas, su raíz nos indica que es el intercambio de palabras entre quienes se encuentran en posiciones opuestas; la finalidad es llegar a un punto de acuerdos. La polarización es algo que sale sobrando entre personas civilizadas, es un recurso de brutos y una estrategia que caracteriza a quienes son incapaces de argumentar en base a hechos o a conocimiento y priorizan la violencia, real o imaginaria para imponer su voluntad y hacer retroceder a quienes no concuerdan con sus métodos o sus fines. La sociedad civil y grupos de interés retan al actual gobierno al diálogo y la respuesta suele ser intimidación a manifestantes mediante sus ilegales grupos de choque, falsas acusaciones en medios y foros internacionales sobre imaginarios golpes de Estado y provocaciones diversas.
Nuestra Constitución reza en su Artículo 1: “Honduras es un Estado de derecho, soberano, constituido como República libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social”. Sabemos que fue redactada con altos ideales en mente; personalmente, siempre me ha parecido el más hermoso de los cuentos de hadas, pero lejos de ser una quimera, representa el ideal a ser alcanzado, si las acciones personales y colectivas se ponen en línea en tal dirección, lo lógico y natural sería que con el pasar de los días, los años y las décadas, nos fuéramos acercando a estos enunciados. En la práctica, hay héroes cotidianos que luchan a brazo partido, cada uno desde su trinchera, por alcanzar esa estrella; también, quienes velan tan solo por sus personales mezquindades. Al final del día, todos anhelamos una vida mejor, dialogando y actuando en base a acuerdos, sería más probable que nos entendiéramos y movernos en esa dirección.
En su Artículo 2: “La soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los poderes del Estado que se ejercen por representación. La suplantación de la soberanía popular y la usurpación de los poderes constituidos se tipifican como delitos de traición a la patria. La responsabilidad en estos casos es imprescriptible y podrá ser deducida de oficio o a petición de cualquier ciudadano”. Esto, como que se hubiese redactado en chino, los polítiqueros no lo entienden, para ellos, no hay más soberanía que su miserable voluntad de torcer todo a su favor; mientras que los políticos en el verdadero sentido de la palabra, saben que alcanzar lo anterior es difícil, pero no imposible. Para conciliar tales puntos de vista antagónicos, existe el diálogo. ¿Será que esos usurpadores en el Ejecutivo y el Legislativo, se apuntan a dialogar con los grupos de sociedad civil? Ya hay denuncias contra tales conductas delictivas. ¿Será que el Judicial cumplirá con su cometido?
El Artículo 3: “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden Constitucional”. Nuestra Carta Magna prevé lo que es procedente en los casos que estamos viviendo, pero las personas razonables no quieren confrontación, no quiere violencia, no están a favor de los abusos de poder, siendo la cabalgante corrupción y nepotismo, lo que impide que lo establecido en el Artículo 1 citado, se cumpla. El diálogo se impone para paliar la crisis de impunidad que propicia los actos de los corruptos metidos a política. ¿Será que los grillos de la confrontación tienen capacidad de actuar civilizadamente? O, como dicen por ahí, promover el caos en las calles es su modus vivendi, dado que el talento no da para más.
Y en el Artículo 4: “La norma de gobierno es republicana, democrática y representativa. Se ejerce por tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación. La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es obligatoria. La infracción de esta norma constituye delito de traición a la patria”. Sin embargo, por un lado nos desgobierna un usurpador en el segundo, con títere traidor a su servicio a la cabeza del primero y un equipo integrado en base a componendas en el tercero; lo que en la práctica, centraliza poder en una sola mano peluda; además, corrompe a la cúpula de los uniformados y armados supuestamente al servicio de la soberanía nacional. ¿Hora de diálogo?