José Rolando Sarmiento Rosales
La ley promulgada por el gobernador de Florida Ron DeSantis, al estar vigente su aplicación causó temor entre ciento de miles de latinoamericanos que viven en poblaciones del Estado, afectando a varias decenas de miles de compatriotas hondureños allí asentados desde hace muchos años, por dos razones fundamentales, familiares residentes legales o no, que los acogen, protegen y les consiguen un trabajo, y porque no se hace indispensable hablar inglés, porque nuestro idioma es de uso común, facilitándoles la comunicación en sus trabajos. La mayoría empleada en la construcción, mantenimiento, hoteles, restaurantes, recolección de cosechas agrícolas, centros comerciales, quienes ante el temor de redadas y detenciones han optado por viajar a otros estados para establecerse y poder conseguir un empleo para sostenerse ellos y sus familias dependientes.
Hace un mes que entró en vigor una de las leyes más polémicas en materia de migración en Estados Unidos después de que el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, firmó la ley SB 1718, una medida para detener el flujo de inmigrantes irregulares. La ley obliga a las empresas de más de 25 empleados a utilizar el sistema E-Verify para certificar que los empleados tiene un estatus migratorio válido y que pueden trabajar legalmente. En caso de que las autoridades intercepten empleados sin papeles, la empresa se enfrentaría a multas de 1,000 dólares diarios, según la proclama. Otro de los puntos que ha generado una gran preocupación, también entre los residentes legales, es que la ley contempla castigos por la vía penal para aquellas personas que transporten indocumentados hacia el estado de Florida. Se contemplan penas de 10 años de prisión para quienes transporten adultos sin papeles y hasta 15 años de prisión si hay menores.
Después de 31 días en vigor, y con el temor que causó entre la comunidad indocumentada de Florida, muchas organizaciones consideran que esta medida no haya causado tanto impacto como se esperaba en un principio, sobre todo porque este tipo de leyes son muy difíciles de aplicar. “Algunas personas dicen que la ley está dormida, pero en realidad no es así”, comenta el activista mexicano Andrés Villa, que forma parte de la organización WeCount y vive y trabaja en Homestead, una ciudad al sur de la Florida donde una gran parte de la población está indocumentada. Villa opina que esta ley “ha provocado muchos atropellos” en muchos lugares donde predominaban las personas sin papeles, con el objetivo de “causar miedo”. Algunos de los legisladores que dieron luz verde al entonces proyecto legislativo que busca poner freno a la migración irregular de Florida han admitido que esta ley es muy difícil de aplicarla.
“Se supone que este proyecto de ley tiene que asustar al 100%”, dijo el representante estatal Rick Roth durante un evento con pastores del sur de la Florida. También señaló que “los agricultores estaban muy enojados” ante la pérdida de mano de obra ya que muchos indocumentados se fueron de Florida atemorizados por las consecuencias de esta ley. “Se han comenzado a mudar a Georgia y a otros estados, por lo que es urgente que hablen con su gente para convencerlos de que tienen recursos”, comentó Roth, que también es agricultor, confirmando lo que muchos de los activistas proinmigrantes habían advertido en las últimas semanas que se estaba produciendo un éxodo de migrantes hacia otros puntos del país. Según el Instituto de Políticas Migratorias se estima que unos 455,000 migrantes indocumentados están trabajando en Florida. De esos, el 24% trabaja en la construcción, el 17 % en tareas administrativas o del hogar, el 15 % en el área de servicios de comida, el 9% en tiendas y el 8% en otros servicios.
En una nota de prensa remitida a la VOA se alega que “la ley discriminatoria contra los inmigrantes representa una amenaza para los derechos y el bienestar de cada individuo en el estado”. La demanda, impulsada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Florida, Americans for Immigrant Justice, American Immigration Council y Southern Poverty Law Center, “se presentará contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en nombre de varias personas y la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, una organización de derechos de los inmigrantes que se enfoca en la justicia social, política, económica, laboral, de salud y ambiental con y para los trabajadores agrícolas, alegando que la ley no solo viola los derechos fundamentales de las personas en el estado, sino que socava la riqueza cultural y las contribuciones económicas de los inmigrantes”. Solo queda esperar que resuelven los Tribunales de Justicia sobre la posible invalidación de la ley promulgada por el gobernador de La Florida.