Rafael Delgado
Desde hace varios períodos constitucionales se otorga a los diputados recursos públicos para su administración y uso en sus departamentos. Se le llamó Fondo de Desarrollo Departamental a ese dinero entregado. Ahora se le llama subsidios o subvenciones. Se trata de dinero público que reciben los legisladores para que se eroguen en los departamentos y municipios en proyectos y obras. En el tiempo que ha transcurrido de su existencia, el rechazo a esta práctica que desde el Congreso Nacional se hace, ha sido clara. Pero eso no ha importado; esos fondos resultan ser muy apetecidos por los diputados y partidos políticos quienes evidentemente le han encontrado el sabor a ser beneficiarios de esa disposición. Por ello, maniobran desde dentro del poder para que las reformas que se impulsan para que desaparezca sean inefectivas y se siga con la práctica, disfrazada con otro nombre o a través de otras modalidades, de tener acceso a fondos públicos.
El Congreso Nacional es la institución encargada de legislar en el país como lo establece la Constitución de la República y tal como lo esperan los hondureños. En estos tiempos en los que se requieren de enormes esfuerzos y efectivas reformas es cuando más ansiamos un Poder Legislativo ágil en la discusión y efectivo en la aprobación del marco legal necesario para cambiar el rumbo fatal del país. Habrá que recordarles a muchos de los diputados y a los políticos que por allí siguen conspirando a favor de esos fondos, si es que ha sido un olvido involuntario, sobre esa agenda tan trascendental que está por delante. ¿Qué mayor prestigio podría existir de haber formado parte de las discusiones y concepción de marcos legales innovadores y necesarios para el saneamiento y desarrollo del país? ¿Qué mayor honra que haber guardado la independencia y el criterio justo en los momentos del sectarismo político? Pero quizás sea inútil esto de intentar apelar a la razón de los políticos ya que las cosas suceden, en este caso los fondos departamentales, porque es seguramente parte de un sistema de incentivos perversos que hacen que la maquinaria se movilice en la dirección deseada por los que manejan el dinero.
Los hondureños esperamos del Congreso Nacional hoy, más que nunca, que se convierta en una instancia de intensas discusiones propositivas y no un lugar donde el zafarrancho sea la regla; que después del debate civilizado, la razón ocupe las mentes de los diputados para que avancemos. Vemos la necesidad de diputados que llenen los requerimientos para los cuales fueron electos y que asuman su responsabilidad de ser auténticos representantes de su gente, dispuestos al debate y a la negociación transparente, apegada a las leyes del país. En estos días es cuando más necesitamos ver a los diputados elevando su calidad y rechazando todas las prácticas que los han convertido en traficantes de influencias, instrumentos baratos y útiles de los que desde lejos les dan la señal de cómo votar.
Esa práctica de otorgarle dinero a los diputados para que lo entreguen a otras personas o instituciones para obras y proyectos hay que eliminarla en todas sus formas. Son prácticas que no enfocan los recursos públicos escasos en prioridades justificadas. En efecto conducen a mucha discrecionalidad en su uso lo cual abre las puertas para apoyar prácticamente cualquier capricho. Además, entrega a los políticos una herramienta que abre las puertas para la corrupción y el chantaje de los votantes, municipalidades, patronatos, juntas de agua que, no cabe duda, en muchos casos presentan angustiosas necesidades en sus comunidades. Hay que considerar también que dentro del diseño constitucional le corresponde al Poder Ejecutivo la ejecución de proyectos con fondos públicos.
Al final, el origen de todos estos males se encuentra en el remedo de partidos políticos que tenemos en este país. Desde allí las dirigencias políticas a todos los niveles se encargan de ir cultivando antivalores, de fomentar dañinos comportamientos contra el país por parte de sus miembros, que después se convierten en hábitos comunes llegado el momento de ocupar una posición pública en cualquiera de los poderes del Estado. Por allí debemos empezar.