Fernando Berríos
Ni habían terminado aquellos en anunciar la conformación de un Bloque de Oposición Ciudadana (BOC) cuando los del otro lado saltaron de a metro para desprestigiar a sus principales actores.
Esta es la realidad de Honduras. Aquí ya no solo se quiere limitar la libertad de asociación sino también la de pensamiento. Es decir, aquí nadie puede reunirse con nadie y nadie tiene derecho a pensar distinto. Vaya remedo de democracia en el que vivimos.
De pronto nos hemos convertido en un país de ciegos, sordos y mudos. Si avalas alguna buena intención de un lado te llaman golpista y si alguien se pone del otro, entonces te llaman comunista.
La sociedad está estigmatizada y en este desorden nadie quiere salir trasquilado, porque lo que abunda es la difamación y la calumnia, a través de legiones de bots y cuentas falsas en esas redes sociales o “fecales” como les llamó un máximo líder religioso de este país.
Los pesos y contrapesos son absolutamente necesarios para el fortalecimiento democrático del país. Peligroso sería que aquí todos pensemos igual y que solo podamos reunirnos con quienes tienen su propia visión (muchas veces distorsionada) de la realidad del país.
En lo personal me gusta hablar con todos, siempre y cuando nos mantengamos en el marco del respeto a las ideas. Buenas o malas, acertadas o desacertadas, las ideas de cada quien se respetan.
Décadas atrás, los actores de la sociedad solían reunirse para buscar en conjunto una solución a los problemas. Quizás esos esfuerzos y esa cohesión social gestada a través de mecanismos como el Foro Nacional de Convergencia (Fonac) no llegaba a nada, pero al menos los hondureños teníamos la capacidad de sentarnos en una mesa y dialogar como seres civilizados.
Hoy eso ya no se da ni a nivel del Ejecutivo y mucho menos del Legislativo, donde los diputados más parecen perros y gatos (expresión que hoy la naturaleza nos muestra como errónea porque hasta los animalitos han aprendido a convivir). Hoy tenemos un Congreso Nacional que destruye los puentes de entendimiento y que no se muestra interesado en las alianzas con otras fuerzas políticas.
A veces creemos que este rompimiento de relaciones con bancadas importantes como la del PSH (10 diputados) y Partido Liberal (22 diputados) se ha hecho adrede y con fines maquiavélicos que los hondureños comunes y corrientes no conocemos.
Qué maravilloso sería informar a diario sobre sendas reuniones del Ejecutivo y del Legislativo, al más alto nivel, con los productores agrícolas, con las Pymes, con la industria de la maquila, con el sector turismo, con los agentes financieros, con los caficultores.
Pero si usted, estimado lector, hace memoria, se dará cuenta que estas reuniones (por lo menos a nivel mediático) han sido muy escasas o inexistentes. Y si acaso se dieron, lo bueno sería haber conocido los alcances de las mismas.
Y si es a nivel de diputados, la cosa es aún peor. Ahí ni siquiera sesionan y prueba de ello es el informe del CNA que reportó apenas 17 sesiones en lo que va del año, cuando lo normal habría sido alrededor de 70 a razón de 3 días de sesiones por semana.
Ahora bien, sobre la conformación de este bloque de oposición (que se nos ha vendido como un esfuerzo al margen de algún objetivo electoral) hemos de decir que nos parece bueno porque como demócrata, siempre voy a ponderar más el diálogo sobre el silencio indiferente.
Tanto derecho tienen los unos como los otros a asociarse, porque así lo establece la Constitución de la República en el artículo 78 y subsiguientes. También este derecho lo consigna el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En el caso del oficialismo, han llegado al extremo de asociarse hasta en colectivos o grupos de insurrección y aunque muchos de sus actos no han sido del todo pacíficos, ninguna autoridad les ha impedido ejecutar sus acciones.
De parte del Ejecutivo también se ha llamado a una marcha para presionar por la elección del Fiscal General y Fiscal Adjunto. Reiteramos que es libre el derecho a la asociación siempre y cuando esta sea con fines pacíficos. Podemos decir que está bien salir a las calles a exigir la elección del fiscal, a fin de que tengamos nuevas autoridades el 1 de septiembre. Lo que estaría muy mal es que se convoque a los ciudadanos desde un poder del Estado para ir a ejercer presión sobre otro y peor aún, para tratar de imponer nuevas autoridades al margen de la ley, es decir, a patadas y empujones.
El Poder Ejecutivo, liderado por la Presidenta, lo que debería hacer es convocar a un gran diálogo nacional, con todos los sectores políticos, económicos, sociales, religiosos y académicos, para buscar solución a problemas estructurales como la pobreza, falta de vivienda, salud, educación y alimentación.
No estamos inventando el agua caliente al sugerir este gran diálogo nacional porque esta fue la promesa de la mandataria en su primer discurso como candidata ganadora de los comicios de 2021. Hay que dialogar, así de sencillo.
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