Ángela Marieta Sosa
En el contexto de la elección del nuevo(a) Fiscal General de Honduras, salen a relucir nuevamente las patologías políticas históricas en la división de poderes, por la invasión de un poder sobre la competencia y las acciones del otro. Solo para ilustración existen cuatro tipos de patologías: obstrucción, inhibición, conducción y congraciamiento, en cuanto a la elección referida podríamos afirmar que existe conducción cuando la titular del Ejecutivo convoca a una manifestación pública de presión al legislativo a fin de que elija un nuevo(a) Fiscal.
Manifestarse pacíficamente es un derecho, pero la injerencia de un poder a otro es un abuso de poder característico de las oligarquías tiránicas que violentan la democracia, entonces, ¿cuál es el problema sobre este proceso y por qué la actual Presidente convoca a una gran manifestación ciudadana a fin de que se elija un nuevo Fiscal? El problema no es la manifestación, es que la convoca la “titular del Ejecutivo”, cuando quien debe llamar a manifestarse deben ser los líderes de base, entiéndase los del barrio, no los caudillos; pero cuando la Presidente llama para presionar a otro poder eso es una clara “injerencia” que violenta la separación e independencia del Poder Legislativo, puesto que somos una democracia no una oligarquía tiránica.
Dicho lo anterior cabe destacar el gran trabajo realizado por la junta proponente, en el marco del fortalecimiento del Estado de derecho y la democracia, un gran desempeño que naturalmente compromete a los miembros del Poder Legislativo a tomar una decisión conforme a la nómina propuesta, porque es evidente que en este proceso la meritocracia fue un principio fundamental de actuación, puesto que se posicionaron a los candidatos y candidata conforme al promedio final producto de la evaluación de una serie de variables derivadas de la capacidad, expertis, propuestas y desempeños anteriores.
Ahora es cuando los honorables diputados del Congreso Nacional pueden dar un paso significativo para evitar la destrucción de la democracia incipiente que se tiene, y prevenir el galopante debilitamiento de la institucionalidad, la democracia está en riesgo y eso amerita decisiones que trasciendan los intereses personales, porque al final queriendo salvar una situación personal, la misma se verá afectada cuando el totalitarismo de la izquierda internacional se termine de coronar en el país. Es decir, resulta más estratégico salvar la democracia.
Decir adiós a los nombramientos dedocráticos y convenientes es una prueba de amor a Honduras y al tan mencionado “pueblo”, en nombre del cual se han cometido los peores daños sociales, así también implica la oportunidad de poder gozar de una verdadera representatividad para alcanzar los mejores estándares de justicia penal.
Inédito que por primera vez los criterios de selección no se vieron manchados por el nepotismo dedocrático, compadrazgo político o favoritismos comprometedores, y esto es trascendental, ya que un cargo de tan alto perfil amerita ser desempeñado por profesionales con alta preparación académica jurídica, expertis y sobre una escala de valores morales intachable, para que pueda cumplir con el cometido de representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad y velar porque la función jurisdiccional penal se ejerza eficazmente, de conformidad con las leyes hondureñas.
Una nueva o un nuevo Fiscal General en Honduras, representa rescatar en gran medida el Estado de derecho, la democracia y la garantía de los derechos humanos de la ciudadanía hondureña, significa evolución y madurez en una clase política que puede redimirse hoy ante la gran oportunidad de demostrar que actúan con respeto a la Constitución y a las leyes.
Como mujer hondureña me llena de orgullo que dentro de las cinco personas elegidas por la honorable junta proponente para la decisión legislativa sobre quien será él o la nueva titular del Ministerio Público, se encuentre una mujer excepcional, me refiero a la abogada Jenny Gabriela Almendares, de quien solo expresiones positivas se pueden decir, por su excelencia profesional y gran calidad humana, esto sin menospreciar la capacidad de los otros candidatos propuestos.
Especialista en derechos humanos