José A. San Martín F.
Escuchábamos en algunos medios de comunicación, escritos y televisados, una noticia que nos llamó la atención no solo por su significado, sino por la indiferencia con que la sociedad la ha tomado: más de 240 conflictos de diversa índole se han venido sucediendo desde que el Partido Libertad y Refundación (Libre) inició su periodo de gobierno en febrero del 2021. Conflictos que se manifiestan con tomas de las vías públicas, rurales y urbanas, huelgas en algunas instituciones de gobierno por diversos motivos, conflictos provocados por aviesos y egoístas intereses políticos al interior de la cámara legislativa del Congreso Nacional (CN), etc. Sin embargo, únicamente nos queremos referir a tres que han provocado indignación ante la ciudadanía.
El primero, el abuso e injerencia sobre el Poder Legislativo al llamar, públicamente, por parte del Ejecutivo, a una movilización general, nacional, con el fin de hacer presión para que el CN elija a las cabezas rectoras del Ministerio Público. Ya la ley respectiva contempla la mecánica aprobada para esta elección. No obstante, se desea interferir, con este llamado, para que dichos nombramientos favorezcan a los objetivos que persiguen los ambiciosos de poder. Con paciencia y la esperanza de que dicho evento se llevará a cabo siguiendo los lineamientos legales correspondientes, se nombrarán a ambos fiscales dentro de los plazos que dictan las leyes y reglamentos procedentes. De no ser así porque dicha manifestación la impide, desviando los preceptos legales aprobados, y se trastoca la legalidad en este asunto, es signo de que el gobierno busca interferir en la institucionalidad y la armonía social entre el pueblo hondureño. Naturalmente que habría reacciones que nos pueden hacer desembocar en una crisis nacional que pone en peligro a la república. Nuestra pregunta, ¿quién es el mayor beneficiado porque esto suceda?
En segundo lugar, la conducta inapropiada manifestada por el jefe de la Policía Militar de Orden Publico (PMOP) frente a uno de sus subalternos, ha dejado con la boca abierta de propios y extraños, entre los mismos miembros de la PMOP, así como en el resto de las familias de Honduras. Claro que esa conducta no es la que prevalece al interior de las FFAA; es más, la institución contempla en sus leyes y reglamentos militares, los procedimientos disciplinarios que se deben aplicar. Se ha expresado que lo sucedido está siendo investigado tal y como corresponde; sin embargo, cualquiera que fuese el resultado de dicha investigación, no exime al oficial, superior jefe en este caso, de someterse a las medidas disciplinarias correspondientes siendo suspendido de su cargo, o, si hay ética y moral, renunciar a su cargo mientras se investiga. La PMOP es una dependencia de las FFAA y su cúpula, incluyendo a su comandante general, junta de comandantes y Estado Mayor Conjunto, deben, obligadamente, tomar cartas en el asunto. De lo contrario, por omisión o negligencia, pueden ser requeridos por los tribunales de la República. Recordemos que el video que sobre este hecho ha salido publicado, ha trascendido más allá de nuestras fronteras, poniendo en mal a la institucionalidad militar de nuestro país y por ende a Honduras.
Finalmente, el tercer conflicto. El tic tac tic tac que el ministro de la Defensa, Manuel Zelaya Rosales expresó como amenaza al Gral.® Romeo Vásquez V., por ser este un severo crítico del actual gobierno; posición que como político lo hace conducirse pública y privadamente como un ciudadano preocupado por el derrotero en que se encamina el actual gobierno, que se percibe afín a las teorías que profesa el socialismo del siglo XXI a través del Foro de Sao Pablo. Esa posición severa, critica, anticomunista y sin paños tibios que expone el Gral. Romeo Vásquez, ha provocado la amenaza que el ministro de Defensa ha hecho públicamente. “El reloj camina con su tic tac, y eso es lo que le queda al general”, ha dicho el ministro. Con cierta similitud al segundo conflicto señalado anteriormente, el funcionario público de defensa, se encuentra dentro del esquema jerarquizado, en donde el comandante general y presidente de la República, su jefe inmediato superior, está obligada a aplicar las medidas que corresponden de acuerdo a la ley. Esa amenaza publica es más que suficiente para que sea destituido de su cargo y que responda a los cargos que en su contra puede formalizar el Gral. Vásquez.
¿Impunidad en todo esto? ¿Por qué no se hace nada? Vivimos, supuestamente, en un Estado de derecho, en libertad y democracia. Las equivocaciones y la apatía del gobierno en no conducirse dentro de la legalidad, el respeto a los derechos humanos y el dejar hacer y dejar pasar para ver qué pasa, no es más que dejar crecer una bola de nieve a la que posteriormente no podremos controlar.
*Excomandante General FAH
Lic. en CCAAMM