Carolina Alduvín
La semana pasada, grupos de la sociedad civil anunciaron un foro en el que comparecerían los cinco candidatos presentados por la Junta Proponente para ser electos como máximas autoridades del Ministerio Público; menos de 24 horas antes de la hora señalada, todos declinaron la invitación previamente aceptada de buen grado. Pésima señal con respecto a la condición sine qua non de independencia que deberían tener esos altos funcionarios, no adscritos a alguno de los tres poderes del Estado, pero sí electos por el Legislativo mediante mayoría calificada. Imaginamos quien recomendó u obligó a dar tan débil primera impresión, acatada al margen de filiación política y mostrando docilidad en aras de seguir siendo elegibles.
Como haya sido, los organizadores demostraron contar con habilidad, talento y recursos para salir adelante y, en vez de que los invitados volvieran a escuchar lo que ya los aspirantes habían manifestado durante sus audiencias públicas, algunos de sus más calificados integrantes explicaron a la audiencia y a los propios candidatos, que es exactamente lo que esperamos de ellos. Nos señalaron las prioridades que la sociedad espera de la institución; a la cabeza, una agenda de lucha contra la corrupción, la de administraciones anteriores y la de los actuales malversadores. Terminar con la impunidad en que se han amparado, fomentando así nuevos actos y modalidades, no solo la supuestamente derogada con bombo y platillo por la ilegal directiva del CN, sino también la que recetaron a varios prófugos.
Que se otorgue un presupuesto acorde lo dispuesto legalmente, no a discreción, que la persecución penal sea debidamente priorizada acorde con los mejores intereses de la sociedad, mejorar la gobernabilidad dentro de la institución, repotenciar el derecho de acceso a la justicia a los sectores más vulnerables, como los grupos étnicos diferenciados, los defensores del ambiente, de derechos humanos, las mujeres y los niños. Fortalecer las capacidades de los fiscales y optimizar su número, de manera que cubran eficientemente todo el territorio nacional y todas las fiscalías, generales y especializadas. Optimizar los procesos internos, de manera que haya más fiscales en campo que en labores administrativas de escritorio y así, ir aumentar significativamente el número de denuncias investigadas y judicializadas.
El clamor de los panelistas ha sido, ante todo restablecer el Estado de derecho, desarticular las bandas irregulares que garantizan la impunidad desde el interior de las instituciones cuyo mandato es precisamente combatir la criminalidad. Que se investigue y deduzca responsabilidad en los impactantes casos de muertes violentas de infantes en Dinaf e internas en CEFAS, así como los abusos contra los derechos patrimoniales de los grupos étnicos aislados que, van de la mano con la protección ambiental, redundante en la disponibilidad de agua que afecta a toda la población. Que, si bien hay que priorizar las denuncias en función de la gravedad de los delitos y el número de afectados, y que no todas pueden calificarse como de alto impacto, todos los ciudadanos son iguales ante la ley y tienen derecho a que se les haga justicia.
Como la más calificada de la lista, la única dama nos manifestó con gran seguridad y aplomo que: “La mayor fortaleza del MP es su personal, mismo que debe estar bien capacitado; la oportunidad es representar los intereses generales de la sociedad; el desafío es garantizar en un plazo razonable, una respuesta a la denuncia y que sea efectiva y, la amenaza es que las autoridades que lleguen a encabezarlo, sean independientes y valientes para luchar por la institucionalidad, tiene que existir lineamientos estratégicos y un diagnóstico que desarrolle a corto, mediano y largo plazo, todo aquello que sea necesario para garantizarle a la sociedad esa representación legal, a través de equipos de trabajo institucionales, interinstitucionales y alianzas estratégicas”. Ella conoce muy bien y desde dentro las necesidades para que el Ministerio Público sea al fin un ente funcional y competente, que comience a combatir la impunidad.
Esta vez, a los dos candidatos con mayor puntaje se les identifica con el partido de gobierno, que sigue sin tener los suficientes votos para reunir mayoría calificada, el ilegal desde ya cuenta los votos de otros partidos, pero aún así no llega a la cifra mágica. El mayor grupo de oposición, el más interesado en continuar con la impunidad, tampoco suma lo necesario, así que veremos.