Rafael Delgado
La agricultura y la ganadería siguen su continuo deterioro. Una explosiva mezcla de omisiones y errores desde la política pública han paralizado su potencial de expansión, perpetuando históricas limitaciones en tecnología, crédito, formación, seguridad en la posesión de la tierra y acceso a los mercados. Languidecen además en el contexto de las adversidades del cambio climático que recrudecen los problemas. Para un país donde el sector pesa, esto es muy grave. Según las estadísticas que publica el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) son todavía casi un millón de personas ocupadas en este sector. Esto representa el 25% del total de la población ocupada del país trabajando en un par de conglomerados altamente productivos, dedicados a la producción para la exportación, pero con una inmensa mayoría de pequeñas unidades productivas que no dan más que para sobrevivir. Por ello no sorprende que, en este rubro, el ingreso promedio mensual es tan bajo, L. 4,851, que no llega ni al promedio nacional que se calcula en alrededor de L. 8,700 para estos últimos años.
Las noticias que llegan desde los tomadores de decisiones del sector son mixtas. Se anuncian y se han ejecutado acciones dirigidas a paliar ciertas deficiencias, como dicen de manera machacona los funcionarios, “por iniciativa expresa de la Presidenta de la República”. Entre otras, apoyo con crédito público ante un mercado financiero incompleto que no atiende debidamente al sector; la entrega de los llamados bonos tecnológicos, consistente en semillas y fertilizantes para los productores, acompañados, según los comunicados oficiales, con el apoyo de técnicos para orientar en su aplicación. Pero claramente eso y otras acciones más no llegan a ser suficiente ante los embates que vienen desde el mercado internacional subsidiado, desde los aranceles cero a las importaciones de productos agrícolas, así como a las ya mencionadas limitaciones históricas del país.
Hace apenas unas semanas escuchábamos también sobre la integración de la Comisión de Seguridad Agraria integrada por jueces, fiscales, militares, policías y funcionarios públicos que vendría a crear tranquilidad en el agro ordenando los desalojos exigidos. Al parecer se han efectuado los desalojos de las tierras ocupadas. Pero claramente se trata de un enfoque limitado que entiende la crisis solamente como un problema de orden jurídico sin ir a las raíces de todo el descalabro y la inseguridad alimentaria que existe en el sector rural. Nuevamente estamos frente a la respuesta que descubre el enfoque tradicional y agotado de las actuales acciones de política agraria, pese al discurso oficial que presume su profunda identidad con las causas de la gente más necesitada.
No hay que olvidar los problemas estructurales que agobian la agricultura y que deben ser abordados de manera integral, sistemática y coordinada desde varios ángulos. Es importante una revisión de los TLC que han sido claves para entender la evolución de la crisis de las últimas décadas y que, pese a las ganancias que evidentemente generan en algunos sectores de la economía, representan verdaderas agresiones a sectores importantes de la agricultura. Esto es una tarea que debe abordarse en el contexto de un planteamiento regional centroamericano con objetivos y propuestas claras para no caer en los torpes intentos improvisados y demagógicos de la política nacional del momento.
El país carece de un proceso masivo de acceso seguro a la tierra para la población rural. Esa deuda sigue presente sin señales claras por parte de los tomadores de decisiones de querer saldarse. Allí hay un potencial importante que posibilitará la productividad, la seguridad alimentaria y la paz en el campo al recuperar los que viven allí el recurso más cercano a su vida y a sus tradiciones. De las experiencias del pasado se puede aprender complementando esas acciones con el mejoramiento de los registros de propiedad que debe garantizar claridad y legalidad en todo lo que allí esté formalizado. Para los que deciden debe de finalmente entenderse que sin educación hay poco que valga. En ese sentido los esfuerzos públicos en la generación de capacidades productivas enmarcados en el paradigma de la sostenibilidad y de administración en la población dedicada a esos rubros debería ser un elemento primordial para que todo lo anterior rinda sus frutos.