Rafael Delgado
Recientemente se publicó el reporte oficial de la Corporación de la Cuenta del Milenio donde nuevamente, así como en años anteriores, Honduras aparece en la larga lista de todos aquellos países que podrían en algún momento ser elegibles para recibir apoyo con fondos públicos. En lo que queda del año el país deberá esperar la decisión final, es decir el análisis y decisión de la institución sobre si Honduras es elegible. En otras palabras, si en efecto se le pueden dar fondos o no.
Como sabemos, el año 2005 inició Honduras la relación con la Corporación de la Cuenta del Milenio. En ese momento el gobierno hondureño firmó con dicha corporación un convenio que le permitió ejecutar fondos donados. Pero con la crisis política del 2009 que condujo al golpe de Estado se interrumpió el apoyo. Vinieron los gobiernos de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández en los que los indicadores con los que se mide el país se deterioraron. La ironía de esta historia con la Cuenta del Milenio es que, para fortalecer la institucionalidad y hacer posible en el futuro un programa de ayuda, el organismo firmó en el 2013 un acuerdo con el gobierno de Lobo Sosa, llamado programa umbral y los fondos fueron manejados por MCA-Honduras conocida posteriormente como Investh. Indudablemente que el fracaso era ya algo seguro ante la decisión de otorgar fondos a un gobierno incapaz de emprender algo así.
En la última evaluación del año 2022, Honduras cumplió con 11 de 20 indicadores. En lo que se refiere a libertad económica, allí el país resulta con algunos resultados positivos (6 de 8 indicadores). Sin embargo, sorprende cómo pudo obtener una calificación positiva en criterios como oportunidades de empleo, acceso y derecho a la tierra, de sobra conocidos como deficientes en el país. Por otro lado, en el área de inversión social se cumplen 3 de 6 indicadores. Sorprenden las buenas calificaciones en protección al medio ambiente, así como apoyo a la salud pública, conocidos igualmente como deficientes y en franco deterioro ante la falta de compromisos contundentes en esas áreas. Finalmente, en los criterios referidos a la gobernanza, el país resulta aplazado en el control de la corrupción, imperio de la ley, efectividad del gobierno y libertad de información; cumpliendo solamente con derechos políticos y civiles. Lo anterior es fatal ya que necesariamente se debe alcanzar una buena calificación en el control de la corrupción para ser elegible.
Clave para Honduras será entonces mejorar en los esfuerzos y resultados de la lucha contra la corrupción, además de tener que pasar la calificación en la mitad de los indicadores. Claramente que procesos importantes como la elección pasada de la Corte Suprema de Justicia, la elección del Fiscal General y del Fiscal Adjunto determinarán sobre la mejora o en el deterioro de los indicadores de gobernanza. La ejecución de las reformas solicitadas previo a la venida de la Cicih y que deben realizarse desde el Congreso Nacional, así como la firma del acuerdo con la ONU son igualmente importantes para demostrar qué tan fuerte es el compromiso de los poderes del Estado en avanzar en el combate a la corrupción.
Nadie sensato querrá apostar a que el país no cumpla con ese criterio. Al final se trata no solamente de un fracaso de las autoridades públicas, sino del país entero. Pero indudablemente que después que las raíces de la corrupción se profundizaron, revertir el proceso requiere de esfuerzos y resultados contundentes. Aún en estos días, y en especial en este ambiente confrontativo de la elección de las máximas autoridades de la Fiscalía se puede afirmar que el poder público se ejerce en función de intereses particulares y que las élites del poder político y económico, en el gobierno y en la oposición, con sus agendas particulares tienen capturado al país. De igual forma se puede afirmar que está aún por verse la efectividad de la institucionalidad pública para combatir y prevenir la corrupción. Por ello el camino aún se presenta difícil para ser beneficiario de tales fondos.