Por: Héctor A. Martínez (Sociólogo)
Un país entra en crisis cuando un gobierno pretende hacer reformas profundas en la estructura económica alterando las relaciones de producción. Todo cambio en la sociedad aviva entusiasmos y malestares. Y cuando los malestares son mayores que los entusiasmos, la sociedad deviene en crisis.
Mientras el gobierno estabiliza sus instituciones, y se consolida en el poder, el crecimiento económico queda relegado a un segundo plano por cuestiones estratégicas. Este interregno resulta bastante arriesgado en términos de legitimidad, en vista que los problemas inflacionarios, el desempleo y la escasez, hacen mella en el espíritu de los ciudadanos, hasta que llega el momento en que el malestar social se vuelve insoportable. Irremediablemente, la opinión pública se muestra desfavorable con el pasar de los meses.
Cuando Chile comenzó su cambio del socialismo al liberalismo económico en 1973, las crisis no se hicieron esperar; la gente comenzó a desesperarse con la escasez de productos básicos, mientras los empresarios tradicionales ejercieron ciertas presiones cuando el gobierno militar los obligó a competir tanto en el mercado interno como en el exterior. Como la apuesta de los economistas liberales era de largo plazo, los buenos resultados se vieron hasta un par de años después. Con todo y sus problemas actuales, y a pesar de esa tendencia amorosa de los latinoamericanos hacia el estatismo, Chile es el país más desarrollado de América Latina.
En el otro lado de la moneda, los gobiernos de propensión socialista, una vez que ganan las elecciones también deben hacer frente a una serie de problemas para consolidarse en el poder. Es la llamada “guerra de posición” a la que aludía Gramsci. En este caso, la agenda es prioritariamente política, basada en una desmedida burocratización, y un presupuesto oneroso para mantener el activismo político. Para ello se requiere un control de los poderes del Estado y de las instituciones fiscalizadoras. Sin el consentimiento y plegamiento de las demás instituciones, los objetivos políticos no pueden alcanzarse.
Dependiendo el país que se trate, las crisis se manifiestan y manejan de diferentes formas; sin embargo, los síntomas son los mismos en todos lados: enredarse en temas políticos que resultan parlamentariamente engorrosos de solucionar; mantenerse en el ranking de los medios de comunicación discutiendo la legalidad de las decisiones constitucionales, y aplacar cualquier disenso o crítica sobre las resoluciones gubernamentales; es exactamente lo que sucede en Honduras en este momento. En suma: se trata de asegurar la continuidad del proyecto reformista aplicando diferentes estrategias en varios frentes de lucha, pero la batalla es la misma: consolidar y prolongar el poder, sin dejar cabos sueltos.
El problema de los reformistas de izquierda estriba en la efectividad de sus políticas económicas. Si un gobierno se inclina más por el lado del marxismo, las fatalidad de las consecuencias económicas puede preverse a mediano plazo: escasez, hiperinflación, mercado negro, delincuencia, y, por supuesto, migración forzada.
Cuando un gobierno -sin importar su doctrina política- les apuesta a las reformas sin alterar en demasía la estructura tradicional productiva, el resultado es un equilibrio más o menos prolongado, pero los problemas económicos y sociales persistirán en el tiempo.
Finalmente, si un gobierno tiende a reformar profundamente el mercado, disolviendo los compadrazgos entre el Estado y los amigotes, a la vez que estimula la libre competencia, los resultados se verán a largo plazo, pero el ordenamiento dará los frutos que se verán reflejados en un crecimiento sostenible, instituciones independientes, leyes igualitarias, y menos dependencia de la gente con el Estado.
En los dos primeros casos, los resultados son previsibles dada su ineficacia ya demostrada en la historia. En el tercero, aunque nada garantiza la efectividad, en vista de los imprevistos, la economía de mercado -y no el Estado- abre las compuertas para que fluya la “información dispersa”, como decía Hayek, y los actores más visionarios puedan entrarle al libre juego de la oferta de bienes y servicios.
Las decisiones históricas, pues, están en manos de los más inteligentes y de los más patriotas.