Por: Carlos López Contreras (Ex Canciller de la República)
Con mucha frecuencia los hondureños somos testigos, pero en particular durante las últimas semanas, de debates apasionados sobre la procedencia o no de la aplicación de determinadas normas en la elección del Fiscal General y del Fiscal Adjunto.
Quizás convendría examinar si la norma aplicada por la Junta de Proponentes es la adecuada. Es claro que la junta tenía la obligación de proponer 5 candidatos y lo hizo en tiempo y forma, mereciendo elogios de diversas fuentes. Pero, la gente se pregunta, ¿quién evalúa a los evaluadores? Porque para evaluar a los candidatos, se presume que los miembros de la junta tienen mejores calificaciones que los autopropuestos, aunque esto no es necesariamente cierto.
Independientemente de esa consideración, surge la pregunta de si, hecha la selección de 5 candidatos, ¿tenían que ir calificados con su evaluación al Congreso Nacional (CN)?
El problema que presenta la evaluación es que en ciertos sectores se convierte en el argumento de que el CN debería elegir a los mejores evaluados. Si esto fuera cierto, sería la Junta Proponente quien elegiría a los fiscales, no el CN.
Personalmente considero que el estancamiento en que ha caído el CN se debe, en parte, a que sus alternativas son muy limitadas al contar con solo 5 candidatos, de los cuales 4 -en realidad 3 porque uno figura en las 2 planillas- han sido ya propuestos por dos facciones. A menos que haya una composición de las dos propuestas -siendo el que figura en las dos planillas el aglutinante- y se elija una fórmula por unanimidad, no parecen existir otros candidatos con los cuales los diputados pudieran consensuar una fórmula común. En tal sentido, quizás sería deseable que en el futuro contaran con una lista de 7 ó 9 candidatos, sin calificación, entre los cuales el CN pudiera escoger o consensuar una planilla.
No hay que olvidar que, a la evaluación de la Junta Proponente se agregó la evaluación hecha por una comisión del CN, cuya composición era desde el principio sospechosa, agravando la situación por obvias razones.
Y la intervención del Ejecutivo en la elección de los titulares de la Fiscalía, introdujo otro elemento perturbador.
Algunas personas me han preguntado si la marcha convocada por el Ejecutivo, con una campaña sistemática de medios de comunicación, para presionar a los diputados de oposición para que eligieran la planilla oficialista, constituye un abuso de poder; y también me preguntan si el uso de fondos públicos para financiar la logística de dicha marcha partidaria constituye un acto de corrupción.
Al no estar al tanto de la minucia, he sugerido que le pregunten al ministro de Transparencia, a la Comisión de Anticorrupción o, en definitiva, a la Fiscalía Contra la Corrupción.
Como quiera que fuere, un rotativo capitalino expresó que la marcha resultó una frustración para el Ejecutivo, pues al final “quedó con las manos vacías”.
Recuerdo que hace muchos años, un consultor internacional que nos asesoraba en la comisión de soberanía y fronteras, al escuchar los debates entre abogados hondureños, un día expresó: “Honduras es una República de abogados, donde cada abogado tiene su propia constitución y leyes y, además, las interpretan a su manera”.
Cabalmente, es lo que hemos visto y oído durante las últimas semanas, donde abogados constitucionalistas han expresado sus opiniones autorizadas; y a otros abogados no constitucionalistas también; y personas que no son abogados, igualmente se han pronunciado con fervor religioso. Todo eso es aceptable en una democracia, pero no resulta razonable que proyectemos la impresión que los abogados que invocan en su favor el mismo derecho hondureño, lo retuercen y pareciera que son de distintos países, culturas y, a veces, hasta de distintos planetas.
En fin, todo tiene que resolverse en la vida, porque un Estado soberano no debe vivir en la incertidumbre y es obligación de los diputados dar respuestas satisfactorias al pueblo hondureño con transparencia, sin amenazas y conforme al derecho que todos conocen, aunque finjan desconocerlo, para asegurar el mantenimiento de la paz justa o de la justicia pacífica en Honduras.
Dios salve a Honduras