Ángela Marieta Sosa
Solo a manera de ilustración, como ningún gobierno ha sido, ni es perfecto, asumiremos como premisa general que todos estos en menor o mayor medida han violentado derechos humanos de la ciudadanía, sin embargo el actual gobierno de libre se ha coronado en violaciones a diversidad de derechos humanos en tiempo récord, como ser: derecho a la libertad de expresión, al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la manifestación pacífica en oposición al régimen, acceso a derechos básicos como el empleo, la salud, educación y servicios públicos necesarios para la subsistencia humana (energía eléctrica, agua, etc.) y en el caso del Poder Legislativo existe una clara obstaculización a los diputados en oposición en cuanto a su deber de legislar con enfoque de derechos humanos, fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho.
Esta celeridad con la que el actual gobierno socava los derechos fundamentales de los hondureños corresponde a la implementación atropellada de una agenda diseñada por la izquierda radical internacional, que a través de tont@s útiles, busca destruir el Estado de derecho, el libre mercado y las libertades individuales para perpetuar la pobreza extrema, que constituye un pilar fundamental de consolidación de sus tiranías en Latinoamérica y ahora en Honduras.
Es lamentable que la junta directiva ilegal del Congreso Nacional pretenda invalidar la legítima representatividad popular que inviste a los diputados del Congreso Nacional y especialmente a los de la oposición política, al referir que aquellos miembros del Legislativo que posean requerimiento fiscal ante el sistema de justicia penal hondureño no podrán votar para elegir Fiscal General, por existir conflicto de intereses; lo cual en el actual momento inhabilitaría a muchos y muchas diputadas de todos los partidos políticos; una cosa es la legalidad y legitimidad del mandato de representación popular que inviste a los diputados (as) para elegir autoridades de perfil constitucional y otra diferente son los causas penales que los congresistas tengan en diferentes momentos procesales, es decir para cada escenario la ley contempla medidas a seguir e instancias a las cuales acudir.
Esta propuesta es “Un arroz con mango” como decía mi maestro de la facultad de derecho, abogado Gutiérrez Falla; y antes de mediatizar ideas tan asistemáticas y fuera de todo derecho, en un enfoque de respeto a los derechos humanos de los congresistas, debieron internamente verificar quienes han sido sobreseídos, quienes han sido condenados y quienes están aún en proceso, para respetar el derecho universal a la presunción de inocencia y del debido proceso que garantiza nuestra Carta Magna; el alcance de medidas autoritarias como estas, incluye la de inducir una celeridad atípica en la sede jurisdiccional a fin de sacar del ajedrez político aquellas piezas (diputados en oposición) que les estorben.
La falta de liderazgo en el Congreso Nacional los lleva a tomar decisiones fuera de toda lógica jurídica, todo por no alcanzar acuerdos para la elección del Fiscal General y el adjunto y lejos de fortalecer el Estado de derecho, lo debilitan con chantajes políticos que evidencian desesperación y necesidad inminente de desestabilizar el Poder Legislativo para fines ya conocidos por todos.
Y en cuanto a esos fines conocidos, el problema en Honduras no es la constitución de la República sino los mercenarios políticos que no la respetan y quieren un Estado a la medida de los intereses de la actual casta política, que definitivamente no son los intereses de la mayoría de la hondureñidad.
La más reciente amenaza de quienes ilegalmente tomaron el poder en el Legislativo tienen un target y es polarizar, estigmatizar e invalidar ante el mandante “el pueblo” las posturas opuestas de los diputados (as) que hacen valer su pensamiento diferente en democracia, para que ellos los transgresores de derechos fundamentales se sientan justificados en sus acciones erróneas ante una hondureñidad, que lejos de aprobarles su irracional accionar, gritan en los mercados y en la calles “ fuera Xiomel se van”.
Especialista en derechos humanos