Por: Carolina Alduvín
Nuestra Constitución en su Artículo 7, dice que son símbolos nacionales: la Bandera, el Escudo y el Himno. Mientras que el Código Penal, señala en su Artículo 538. Ultraje a los símbolos nacionales. Quien con publicidad ultraja alguno de los símbolos nacionales, debe ser castigado con la pena de prisión de 6 meses a un año. Pues tal ultraje viene ocurriendo de manera sistemática desde el principio de esta administración, cambia el color de la Bandera, supuestamente debido a una rectificación; cierto o no, siembra la duda sobre si se trata de una rectificación o una perversa táctica que utilizan los regímenes izquierdistas del continente, para erosionar la identidad nacional. Luego se estiliza y mutila el Escudo en la papelería oficial, con apenas unas voces protestando, hasta que el tema se diluye con los escándalos diarios.
Como es costumbre, la impunidad estimula los delitos y ocasiona que alguien con ínfulas de artista, tenga la osadía de ultrajar nuestro Himno Nacional durante un acto oficial en la sede del Poder Ejecutivo. En opinión de quienes saben y entienden de música, el ritmo original fue modificado, haciendo que perdiera su carácter marcial y enérgico, se desfiguró por completo su música, convirtiéndola en una triste cantilena. Además, su letra fue alterada introduciendo términos ajenos a la poesía expresada por su autor, para expresar su trasnochada ideología. Todo esto avalado por las autoridades llamadas a respetar y hacer respetar los símbolos patrios.
Ante un primer llamado de atención, la ultrajadora hizo circular una respuesta desmedida y panfletaria, muy al estilo de quienquiera que sea el autor de los discursos de la Presidente nominal, salpicado de anquilosados lugares comunes y trilladas frases propias del marxismo tropicalizado de hace varias décadas. Tremendo despliegue de tinta, que en nada anula el delito tipificado en la codificación vigente, transgresión que debe ser perseguida de oficio por las autoridades correspondientes, obviamente coludidas con perpetradores disfrazados de artistas. No pueden ser calificados como tales quienes carecen de creatividad, limitándose a alterar el fruto de la inspiración y trabajo de quienes con originalidad los han precedido.
Dada la pasividad e irresponsabilidad de quienes no hacen su trabajo dentro de la Fiscalía para la Protección de las Etnias y el Patrimonio Cultural, absteniéndose de proceder de oficio contra quienes promueven el ultraje, sí hay ciudadanos valientes que se han presentado al Ministerio Público a presentar la respectiva denuncia. El hecho debe ser investigado y judicializado como cualquier otro delito; cierto es que los fiscales no siempre tienen las condiciones indispensables para hacer su trabajo, según lo han manifestado públicamente. Sin embargo, esta vez, la evidencia circula en redes y no es un secreto, puesto que a los transgresores les enorgullece serlo y además responder en forma retadora ante los reclamos hechos con todo respeto.
En esta semana de desfiles y otras manifestaciones patrióticas, no siempre enmarcadas en el respeto al derecho de los demás, tal como ocurrió en las inmediaciones del Aeropuerto Palmerola, cuando sin autorización ni conocimiento de los funcionarios de Educación, ni de los encargados de regular el tránsito, se fueron a interrumpir la libre circulación de vehículos, ocasionando caos y pérdidas innecesarias a los transeúntes, es preciso poner orden. Los pretextos sobran, desde el miedo a incomodar a la delincuencia organizada, como fue señalado en televisión nacional, hasta la potestad de cada uno de hacer lo que le venga en gana, al fin de cuentas, la autoridad está rebasada o coludida con los delincuentes.
Es necesario que, para evitar nuevos ultrajes, se ponga un alto, al desorden, a la permisividad y sobre todo a los delitos tipificados, denunciados y evidenciados. Que la supuesta condición de artista no sea una excusa para delinquir con el beneplácito de un atajo de resentidos convertidos en gobierno, que ni resuelven ni dejan resolver problemas, sino que los empeoran y extienden. Mientras en palacio se ultraja un símbolo nacional y se falta al respeto a los creadores originales, la población sufre los efectos del cierre de fuentes de empleo, de la carestía de los alimentos básicos, de la carencia de medicamentos y atención en los centros de salud, del deterioro de la educación y la institucionalidad, factores que redundarán en perjuicio de todos. Hay que atender el clamor ciudadano y aplicar la ley a la delincuente denunciada con nombre y apellido.