Por: Rodolfo Guillermo Pagán Rodezno*
El Ministerio Público es el organismo que tiene el mandato constitucional del ejercicio de la acción penal pública, es decir que le corresponde interponer los requerimientos fiscales ante los juzgados correspondientes, contra los presuntos responsables de haber cometido algún delito, incluyendo los delitos relacionados con la corrupción, a efecto de que los mismos sean juzgados, y en caso de ser declarados culpables, se les impongan las penas o sanciones procedentes.
La titularidad del Ministerio Público le corresponde al Fiscal General de la República, y en su ausencia, excusa o recusación, la titularidad corresponde al Fiscal General Adjunto, por lo que de acuerdo a la Ley del Ministerio Público, es responsabilidad de dichos funcionarios, por su orden, la dirección, orientación, administración y supervisión del ente acusador del Estado.
Lo anteriormente mencionado sirve para contextualizar la importancia del Ministerio Público y por consiguiente la importancia de la elección de sus titulares, en temas de tanta relevancia para el país como el combate a la delincuencia en todas sus modalidades, la lucha contra la corrupción y la impunidad, especialmente tras los paupérrimos resultados obtenidos especialmente por los últimos fiscales generales y fiscales generales adjuntos.
El Congreso Nacional debió elegir a los nuevos titulares del Ministerio Público antes del día primero de septiembre, sin embargo, luego de varias votaciones realizadas, ninguna de las propuestas ha alcanzado las dos terceras partes de los votos de los diputados, es decir 86 votos, que es lo que establece la Constitución de la República como requisito para la elección, lo que incluso ha provocado un vacío de poder a lo interno de la institución.
La falta de elección del nuevo Fiscal General de la República y del nuevo Fiscal General Adjunto ha dejado en evidencia varios aspectos dignos de resaltar, como las posiciones radicalmente opuestas entre el oficialismo y la oposición, ya que el partido de gobierno, abiertamente “reclama” el supuesto derecho de elegir al Fiscal General, por el hecho de haber ganado las elecciones del año 2021, sin embargo, extrañamente pretenden obviar el pequeño, pequeñísimo detalle de que su bancada en el Congreso Nacional únicamente cuenta con 50 votos, si es que no ocurre algo similar a lo que ocurrió con la elección de la junta directiva del Congreso Nacional, por lo que esos 50 votos evidentemente que están bastante lejos del número mágico de los 86 votos requeridos, lo que los obliga a buscar acuerdos con las demás bancadas en el Congreso Nacional.
Por otro lado, la oposición, integrada por los diputados del Partido Nacional, Partido Liberal, Partido Salvador de Honduras y otros partidos minoritarios, son contrarios a elegir un Fiscal General a la “medida de Libre”, alegando que con esa situación se pondría en riesgo la democracia y el Estado de derecho, además del riesgo de utilizar al Ministerio Público para perseguir a miembros de la oposición, tal como ha ocurrido en otros países, como Nicaragua. Dichas afirmaciones no dejan de tener razón, sin embargo, llama poderosamente la atención el hecho de que nada se dijo al respecto de lo ocurrido en el gobierno del personaje que hoy se encuentra recluído en New York, cuando todos bailaban al son de los acordes que tocaba el nefasto individuo.
También ha quedado en evidencia nuevamente la falta de liderazgo existente en el Congreso Nacional, liderazgo tan necesario al momento de buscar consensos entre las distintas bancadas representadas en el mismo, por lo que el proceso de elección se encuentra “empantanado” como se dice en el argot legislativo. De igual manera, se ha generado una inexplicable “parálisis legislativa”, ya que el pleno de los diputados del Congreso Nacional no se reúnen desde inicios del mes de septiembre, dejando de discutir y aprobar leyes importantes para el país, aumentando la ya considerable mora legislativa existente.
Detrás de las “nobles posturas” de tirios y troyanos, es decir del oficialismo y de la oposición, sería muy inocente dejar de mencionar que la figura del Fiscal General de la República y del Fiscal Adjunto, son claves para blindar las actuaciones y omisiones de la clase política en general, tanto de los actuales funcionarios, como de los funcionarios de las administraciones anteriores, por lo que al final de cuentas, ambos bandos inevitablemente y como siempre lo han hecho, deberán logar los acuerdos necesarios para alcanzar los famosos 86 votos, mientras tanto, la esperanza de contar con un Ministerio Público apolítico e independiente, seguirá siendo una quimera.
Que Dios guarde a Honduras.
*Abogado y Notario Máster en Derecho Empresarial.
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