Por: Rodolfo Dumas Castillo
La semana pasada el Fondo Monetario Internacional aprobó un acuerdo con Honduras que le permitirá acceder a valiosos recursos financieros que servirán para enfrentar la profunda crisis económica que sufre el país y que fue agravada considerablemente por la pandemia. Además del beneficio puramente financiero, el acuerdo constituye un instrumento valioso para la imagen del país y su estabilidad económica. Casi simultáneamente, en la cumbre del G20 celebrada en India, el gobierno de los Estados Unidos propuso reformar el Banco Mundial y el FMI.
Quedó claramente establecido que esas reformas son una prioridad para la administración Biden, que además plantea que esas instituciones deben actualizarse para ofrecer un apoyo más eficaz a los países en desarrollo. La propuesta incluye un paquete de financiamiento que aumentaría la capacidad de préstamo de esas dos instituciones en 50 billones de dólares y el desafió a los otros miembros del G20 de elevar esa cifra a un total de 200 billones de dólares, reto que por ahora ha sido recibido con un profundo silencio.
Las reformas propuestas serían significativas a nivel global y tienen un enorme potencial para países que están combatiendo descomunales niveles de pobreza y los perniciosos efectos del cambio climático. El aumento en la capacidad de préstamo le permitiría a estas instituciones brindar un apoyo financiero más sustancial a países como Honduras, el que se podría destinar hacia iniciativas de reducción de la pobreza, especialmente para construir sistemas de educación y salud que respondan a las necesidades actuales y para proyectos que mejoren nuestra infraestructura industrial, energética y logística, todas las cuales son esenciales para incrementar los niveles de vida y las perspectivas económicas en Honduras.
Abordar los efectos del cambio climático es vital y urgente para nuestro país. No cabe duda de que somos particularmente susceptibles a eventos meteorológicos extremos y al aumento del nivel del mar, entre otros factores que amenazan al sector agrícola y a nuestras comunidades costeras. La reforma propuesta y el aumento de recursos para los bancos multilaterales podría resultar oportuno para apoyar a muchos países a adaptarse y mitigar los impactos del cambio climático, incluyendo el financiamiento de infraestructuras más resistentes a los riesgos ambientales, proyectos de energía renovable y prácticas agrícolas sostenibles.
Para lograr estas reformas y asegurar los recursos necesarios existen algunos desafíos, especialmente en Estados Unidos que es el mayor accionista de esas instituciones y cuyo liderazgo es fundamental para concretarlas. Inicialmente se debe lograr el apoyo de la Cámara de Representantes (controlada por los republicanos) para que se apruebe el paquete de financiamiento propuesto. Eso, como es normal en las democracias, conlleva un proceso de negociación entre la administración y la oposición, que en este caso no será fácil. Posteriormente también deben buscar y obtener el apoyo de los aliados de los Estados Unidos.
Las propias instituciones tendrán que implementar reformas para garantizar que pueden cumplir eficazmente con su misión; lo que definitivamente no ocurrió durante la pandemia cuando el mundo más urgía de medidas extraordinarias de apoyo y durante la cual estas instituciones lucieron confundidas e incapaces de reaccionar ante una emergencia global de esa magnitud.
Al contar con bancos multilaterales más sólidos, especialmente el BM y el FMI, estos podrían ofrecer a los países en desarrollo alternativas al financiamiento chino, lo que probablemente crearía términos de préstamo más transparentes y competitivos. Por ello será importante incluir a China como accionista activo y así fomentar prácticas de préstamo responsables y evitar la acumulación insostenible de deudas en países en desarrollo.
El enfoque en los bancos multilaterales de desarrollo en la cumbre del G20 fue una señal positiva y prometedora, pero falta la parte difícil: encontrar un terreno común entre China y los otros miembros del G20, asegurar el financiamiento necesario y llevar a cabo las transformaciones. Concretar estas reformas seguramente llevará mucho tiempo y esfuerzo, pero en todo caso resultan urgentes considerando la magnitud de la crisis climática y la necesidad de avanzar en la erradicación de la pobreza. Su implementación puede allanar el camino hacia un futuro más equitativo y sostenible para Honduras y otras naciones que enfrentan desafíos similares.
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