Por: Fernando Berríos (Periodista)
Cuando la Presidenta insiste que vamos a las consultas populares, no es lo que le tengamos miedo a la democracia participativa, es más, somos de los que creemos que los políticos no deberían tener un cheque en blanco a la hora de gobernar.
Si damos un vistazo de lo que prometió en campaña el actual gobierno, yo me preguntaría: ¿y ahora de qué se asustan? El rumbo que se sigue es el plasmado en el plan de gobierno de la refundación, en el cual se ofreció socialismo democrático, consultas populares, acceso a tierras ociosas y Asamblea Nacional Constituyente. Además, eliminación de fideicomisos, ZEDE y revisión de otras concesiones privadas.
Pero bien, partiendo de que los electores no se esforzaron por leer ese plan, ahora lo que nos queda es comprender hacia dónde se dirige el país bajo el socialismo democrático y es en ese afán que la mandataria ha sido muy clara al afirmar que vamos a las consultas populares.
No creo equivocarme al afirmar que la mayoría de hondureños no le teme a las consultas pero sí a quién las convoca y con qué objetivos las convoca.
Existen varias formas de consulta, pero nos vamos a centrar en el plebiscito y referendo. En el referendo se consulta a los ciudadanos acerca de un texto normativo ya formalizado, ya sea en la constitución, leyes, normativas o regímenes.
En el plebiscito se le consulta a la población sobre una decisión no plasmada en un texto normativo.
En Honduras hemos tenido diversos mecanismos para convocar a las consultas. El Decreto Legislativo 3-2006, conocido como Ley de Participación Ciudadana, es el que supuestamente habilitaba al presidente Zelaya para convocar a los hondureños a una consulta popular a través de una cuarta urna (el día de las elecciones). Sin embargo, diversos sectores adujeron que la pregunta a realizarse el 28 de junio de 2009 era engañosa y tenía como objetivo habilitar al mandatario para convocar de inmediato a una Asamblea Nacional Constituyente.
En el mes de junio de 2009 y en medio de la crispación política, en el Congreso Nacional se aprobó el Decreto Legislativo 135-2009, conocido como Ley Especial que Regula el Plebiscito y el Referendo, con el cual, los diputados impusieron nuevos requisitos que prácticamente invalidaban la consulta convocada para el 28 de junio.
Luego, bajo el gobierno nacionalista, se aprobó el Decreto Legislativo 120-2012 mediante el cual se crea la Ley de Mecanismo de Participación Ciudadana, siendo esta la norma vigente para convocar a consultas populares.
Esta ley establece que una iniciativa de participación ciudadana para un plebiscito o referendo puede ser introducida por los ciudadanos si estos reúnen firmas equivalentes al 2% del último censo electoral. Considerando que el último censo incluyó a 5.1 millones de hondureños, este 2% equivale a unas 100,000 firmas.
Además, la iniciativa puede ser introducida por la Presidenta de la República en Consejo de Ministros o por 10 diputados del soberano Congreso Nacional.
Sin embargo, independiente a quien introduzca esta iniciativa, la misma deberá ser aprobada en el Congreso Nacional por las dos terceras partes de los diputados, es decir, con 86 votos.
A juzgar por la falta de consensos que existen en el Legislativo, esta cantidad (86) y aún la mayoría simple (65) no podría ser alcanzada por el Partido Libertad y Refundación, el cual solo tiene 50 diputados y el voto de uno que otro disidente de otros partidos políticos (52). De ahí que muchos afirman que en este momento “No hay ambiente” para convocar a consultas.
Pero cabe mencionar que la actual administración no piensa convocar a consultas bajo ese marco jurídico y legal, sino sobre la base de uno nuevo que no implique la habilitación de los diputados. La Presidenta de la República dijo el 28 de noviembre de 2021, en su discurso tras ganar las elecciones: “Vamos a iniciar un proceso en toda Honduras para garantizar una democracia directa, vamos a las consultas populares, para gobernar a través de gobiernos locales, alcaldes, diputados y diputadas del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo”.
Y el 27 de enero, en el Estadio Nacional, durante su toma de posesión, dijo: “Refundar es más que un verbo, es una misión imprescindible e irrenunciable con la que debemos estar comprometidas a causa del mandato directo del pueblo”.
“El gobierno no va estar solo, sino que acompañado de la voz y la opinión del pueblo a través de las consultas populares”. “Convoco desde ahora al pueblo hondureño y solicito al Congreso Nacional que apruebe la Ley para la Participación Ciudadana para las Consultas”.
“No podemos estar atados a que tengamos que obtener 86 votos que sustituyen la voz del pueblo y que no nos permite hacer consultas”.
Vale aclarar que los 86 diputados no sustituyen la voz del pueblo, porque bajo nuestro sistema democrático, todos los diputados ostentan la representación popular otorgada por el pueblo en las urnas.
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