Juan Ramón Martínez
El golpe del Ejecutivo en contra del Congreso Nacional en 2009, fue conjurado por la Fiscalía General y por la valiente actitud de un Juez de Letras que inmovilizó a las Fuerzas Armadas para que no respaldaran la celebración de una consulta ilegal. Aquel incidente, ha sido históricamente trastocado. Incluso llevado a Fortín que, conoce muy poco la historia de la institución que dirige, a pedir perdón al partido en el poder, cuando las Fuerzas Armadas fueron obligadas a ejecutar las órdenes de la Corte Suprema de Justicia, incluso bajo amenaza, que, si no cumplían la instrucción de capturar al titular del Ejecutivo, se les encausaría y encarcelaría. Porque algunos altos oficiales, estaban encantadoramente alineados con Manuel Zelaya y su continuismo. Los seguidores de Libre, alteran esta historia, permitiéndoles presentarse como víctimas, cuando en realidad, fueron delincuentes liberales en la medida que, atentaron en contra de la Constitución; e intentaron cambiar la forma republicana de gobierno. Sin recibir castigo.
Manuel Zelaya, presidente liberal, no fue el primer gobernante que, dentro del proceso de retorno democrático, levantó la mano sucia en contra de la Constitución de 1982. En 1985, Roberto Suazo Córdova intentó doblegar al Congreso Nacional. Este, bajo el liderazgo de Efraín Bu Girón, le plantó cara al político paceño. El Congreso Nacional nombró una nueva Corte y el presidente Suazo encarceló a Ramón Valladares; y, los otros, se escondieron en casas de amigos, para evitar las ergástulas penitenciarias. Una llamada de Walter López, jefe de las Fuerzas Armadas que, nadie ha podido confirmar históricamente, hizo que el Congreso, saliera triunfante en la confrontación. Y cuando el mismo Suazo Córdova, intervino a los dos partidos históricos y, pretendió imponerles los candidatos presidenciales, la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas y las organizaciones populares mediaron y vía la opción B, se efectuaron elecciones primarias y generales simultáneamente. Los líderes políticos, de mayor madurez que los actuales, pactaron y se sometieron; e incluso, a una solución poco esbozada que permitió que José Azcona llegara a la Presidencia de la República. Nacionalistas y liberales anti “suazo-cordovistas”, pactaron y lograron estabilizar el país.
Ahora, nuevamente Zelaya intenta doblegar al Congreso Nacional; y amenaza que, si este no se rinde, lo disolverá como repiten impúdicamente algunos diputados que, aunque individualmente, es obvio que expresan una opinión desarrollada en el interior de Libre. Hay diferencias entre 2009 y ahora. Antes el CN estaba dirigido por un liberal de fuerte carácter y claro compromiso democrático. Ahora, Luis Redondo es un sirviente del Poder Ejecutivo. En 2009, Manuel Zelaya contaba con un fuerte respaldo popular del cual carece Xiomara Castro que, está tocando fondo en las encuestas. Y los partidos democráticos -PN, PL y PSH- han construido un bloque de 74 diputados firmes que, incluso han dicho que, si Luis Redondo no convoca a sesiones del CN, ellos lo harán en cumplimento de lo que ordena la Constitución de la República. Además, la embajada de los Estados Unidos, en 2009 a cargo Hugo Llorens, estaba en favor de permitirle a Zelaya, modificar los artículos pétreos que impedían la reelección que era, su deseo para perpetuarse en el poder. La embajadora Dogu, no piensa igual. Las Fuerzas Armadas, muy bien alineadas por el presidente Zelaya, tenían un alto mando vacilante que no quería cumplir sus obligaciones constitucionales, bajo el argumento que era un tema político “que debían resolver los políticos”. Era en realidad un discreto y disimulado apoyo, a la loca pretensión de Zelaya. Luis Rubí, el mejor Fiscal General que hemos tenido, procedió en contra del presidente y logró que la Corte Suprema de Justicia le diera la razón. Ahora, en cambio la Corte Suprema está alineada con el proyecto “socialista” de la familia Zelaya. Los ideólogos “socialistas” creen que, impidiendo la elección del nuevo Fiscal, inmovilizarán la defensa pública para que, no les cierre el paso. Olvidan que el Fiscal encargado, puede actuar en su contra, sin problemas. Un juez decente -que los hay- puede ratificar que las Fuerzas Armadas, no están obligadas a cumplir órdenes ilegales de su Comandante en Jefe.
Mientras tanto los ciudadanos, somos víctimas del engaño. La Presidente dice estridentemente, “no más golpes de Estado”. En tanto diputados de su partido, se mueven en las sombras, preparando el asalto al Congreso Nacional. ¿Tendrán éxito esta vez?