Oscar Estrada
La semana pasada, la Presidenta Xiomara Castro se presentó ante la Asamblea General de la ONU, pronunciando un discurso que resuena con los históricos ecos de la solidaridad latinoamericana. Hizo un llamado para levantar el bloqueo a Cuba y reconsiderar las medidas coercitivas hacia Venezuela y Nicaragua. Pidió también retirar a Cuba de la lista de países terroristas (al que fue incluida en 2021 por Trump, luego que acogiera a fugitivos del ELN que cometieron un atentado terrorista en 2019) y pidió eliminar las sanciones a Nicaragua, argumentando que estas acciones restringen las relaciones regionales y perpetúan la injusticia.
Las sanciones internacionales son una espada de doble filo. Mientras su intención es presionar a regímenes autoritarios para adherirse a las normas democráticas y de derechos humanos, su eficacia y su impacto en las poblaciones comunes sigue siendo un tema de intenso debate.
En ese sentido el llamado de Castro se sitúa en un contexto más amplio de desafíos regionales y globales, donde las violaciones a los DDHH y la opresión política son una realidad trágica. Los regímenes autoritarios de nuevo y viejo perfil se perpetúan sin temor a las repercusiones internacionales. Su práctica tiende, replicarse en la región, poniendo a prueba los principios mismos de la democracia. La impunidad con la que actúan estos dictadores es un reflejo de la falta de responsabilidad y la indiferencia de la comunidad internacional. Traigo aquí entonces la frase de Lord Acton, un historiador y político británico, que argumentó: “Todo poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Los grandes hombres son casi siempre hombres malos, más aún cuando sancionas la tendencia o la certeza de la corrupción con la autoridad”.
A lo largo de los años, la comunidad internacional ha recurrido a sanciones económicas como un medio para ejercer presión sobre los regímenes autoritarios. Según G. C. Hufbauer en su ensayo Economic Sanctions Reconsidered (2007), las sanciones tienen como objetivo restringir el comercio, la inversión y otros flujos financieros hacia y desde los países en cuestión, debilitando las economías de los dictadores y disminuyendo su capacidad para perpetuar la opresión.
El discurso de Castro plantea entonces una cuestión importante: ¿Están estas sanciones ayudando a la causa de la democracia y los derechos humanos, o están aumentando (aún más) el sufrimiento de la población de los países que las sufren?
Las sanciones, como argumenta Castro, pueden tener un efecto devastador en la población general, a menudo exacerbando la miseria y el sufrimiento de aquellos que ya están viviendo bajo regímenes opresivos. Miles de venezolanos que atraviesan peligrosamente el Darien, precisamente en este momento, son testimonio de esta dura realidad. Pero, ¿podemos dejar a los dictadores que opriman a sus pueblos sin consecuencia alguna?
La historia ha demostrado que los dictadores rara vez invierten los recursos económicos en el bienestar de la población; en cambio, fortalecen su maquinaria represiva. La idea detrás de las sanciones es debilitar a los dictadores al punto de forzar un cambio hacia la democracia y el respeto por los derechos humanos.
Es cierto que las sanciones económicas también tienen el efecto no deseado de proporcionar a los dictadores un enemigo externo conveniente contra el cual unificar a su base y desviar la atención de su mala gestión y abusos. Además de posicionar a la oposición como enemigos públicos, aliados de los poderes que sancionan.
Pero, aliviar las sanciones sin ver un cambio significativo en la conducta de los dictadores envía un mensaje peligroso a otros líderes autoritarios: que la comunidad internacional está dispuesta a tolerar graves violaciones de los derechos humanos en aras de la estabilidad económica. ¿Qué garantía nos dará la comunidad internacional para que no nos pase eso en el futuro?
La situación es compleja, es cierto y no hay soluciones fáciles. La comunidad internacional se encuentra en una encrucijada ética y política: ¿cómo balancear la necesidad de presionar por el cambio democrático en Cuba, Nicaragua y Venezuela, y proteger los derechos humanos, con el deseo de evitar el sufrimiento humano adicional?
Quizás la respuesta no reside en una postura totalmente a favor o en contra de las sanciones, sino en una evaluación de su aplicación y efectividad. Las sanciones podrían ser parte de una estrategia más amplia que incluya la diplomacia, el compromiso y el apoyo a las fuerzas democráticas dentro de estos países.
En un mundo cada vez más interconectado, la responsabilidad de fomentar la democracia y proteger los derechos humanos no recae solo en los líderes nacionales, sino también en la comunidad internacional. En nosotros.