Por: Abog. Octavio Pineda Espinoza (*)
No cabe duda que la sociedad hondureña se encuentra en una enorme crisis de valores de todo tipo, desde los valores familiares, fundamento de toda organización social hasta los valores éticos, morales y políticos de los que detentan el poder y administran el Estado de manera cuasi-dictatorial, sin reconocer los principios y fundamentos de toda democracia funcional como lo son: el respeto a la decisión de las mayorías y a los derechos de las minorías, la independencia de los poderes estatales, su no subordinación de uno a otro, los pesos y contrapesos necesarios para evitar el abuso del poder, las libertades públicas como la de expresión, de prensa, de locomoción, de igualdad jurídica de las partes, de propiedad privada, la transparencia de los asuntos públicos, la rendición de cuentas y tantas otras.
La administración actual de Libre es caótica, irreflexiva, soberbia, impositiva, irreverente e indiferente a los grandes males sociales, su gran objetivo, pregonado en todas las latitudes del país es la continuidad en el poder más allá del período constitucional, como buenos alumnos y alumnas de las ilegalidades de Juan Hernández y del PN, con la única diferencia que su autoritarismo marcado es, al menos en teoría, de corte socialista del siglo 21, es decir, el espectro radical contrario a la ultra derecha que representó aquel en su momento y dejando a un lado no solo a la Constitución de la República como Carta Fundamental sino que también a todas las demás leyes que les impidan ese objetivo que buscan a través del desprestigio del Poder Legislativo y la instauración de un régimen distinto al que señala la Constitución por medio de la tristemente célebre Asamblea Nacional Constituyente.
Por tal razón vemos que el señor Luis Redondo, como buen títere de Mel Zelaya, olvida mayúsculamente su deber de convocar a las sesiones ordinarias o extraordinarias que ya señalan taxativamente la Ley Fundamental y la propia Ley Orgánica del CN, olvida además que sus posturas ilegales le pueden conducir a las ergástulas penitenciarias, pues con sus presentaciones públicas se abroga facultades que no le competen y que rayan con lo delincuencial, desde delitos contra la forma de gobierno y violación de los deberes de los funcionarios establecidos en el Código Penal hasta el delito de traición a la Patria establecido constitucionalmente y que no tiene prescripción.
El fundamento para esa parálisis legislativa que es la más grande ocurrida en nuestra historia desde el retorno a la Democracia lo es, solo para él y sus malos asesores, la no elección a su antojo del Fiscal General y Fiscal General Adjunto del MP, en un proceso tan torpemente dirigido que tuvieron que sacarlo de las negociaciones entre bancadas, porque no aporta nada al debate o al consenso, lo que le motivó a nombrar una nueva comisión negociadora con miembros solo de Libre y él para reintegrarse, si lo dejan, a las conversaciones sobre el tema.
Se le olvida al señor Redondo que como encargado del Legislativo, situación a la que accedió ilegítima e ilegalmente, tiene la obligación constitucional de no ser un subordinado del Ejecutivo, y de continuar cumpliendo con la misión primaria de ese poder como lo es la creación, discusión, aprobación, publicación, derogación e interpretación de las leyes, además la de servir como contrapeso al controlar las acciones de la administración, para que no rompa la Carta Magna ni la legislación ya existente, la Presidenta y sus ministros así como el Poder Judicial.
En ese contexto, donde la estrategia de la familia Zelaya es claramente destruir la imagen del Congreso Nacional frente a la ciudadanía por esa parálisis impuesta por ellos mismos, utilizando el hecho que Redondo no tiene voluntad propia y es modesto intelectualmente, sacan a la luz a través de un verdadero irresponsable, como lo es el diputado Sergio Castellanos, quien en un congreso serio, ya hubiera sido desaforado por atentar contra la forma de gobierno, la idea de disolver al Poder Legislativo a la usanza de las peores tiranías del mundo, mediante el mecanismo de una disque Consulta Popular dirigida por ellos y obviamente amañada como sucedió en el pasado con la ilegal cuarta urna en el 2009, generando de nuevo división y contradicción en la familia hondureña por sus bastardos apetitos políticos.
Y no se trata de tenerle miedo a la Consulta Popular o no, que hasta donde sé nadie rehúye en los partidos políticos, y que nadie teme siempre, y, cuando se haga la misma dentro del marco constitucional establecido, en el tiempo correcto y con las garantías de limpieza en el proceso y producción de la misma. Deben entender estos perversos que la Constitución señala cual debe ser nuestra forma de Estado y nuestra forma y sistema de gobierno, que dichos artículos son pétreos o irreformables y que por lo tanto, no se puede consultar si disolvemos el Congreso o si debemos ser una nación socialista o comunista porque atentamos contra La Ley Superior y que, el solo hecho de insinuarlo ya constituye delito de traición a la Patria y la pérdida de los derechos políticos y sociales de quienes consumen ese atentado contra la Democracia.
Pero si se empeñan en una Consulta Popular, ¿Por qué no lo hacen en las elecciones generales?, ¿Por qué tiene que ser ahora? Y por qué no le consultamos al soberano, que tanto utiliza Libre como excusa, si la ciudadanía prefiere una revocación de mandato a los dos años de gobierno o si, ¿Están de acuerdo con la forma en que se ha gobernado Honduras por ese partido hasta la fecha? Hay de consultas a consultas y en esas el pueblo no se equivocaría.!
(*) Abogado y Notario. Catedrático Universitario de Derecho Constitucional.Unah.