Fernando Berríos
El 2023 se ha ido y claramente podemos decir que no ha sido un buen año para los hondureños en términos de la situación del país.
La pobreza golpea con severidad a las mayorías, aunque irónicamente, los funcionarios de la actual administración se atrevieron a afirmar que la misma se redujo más de 6 puntos, es decir, en el imaginario gubernamental, alrededor de 800,000 hondureños dejaron de ser pobres. Vaya desfachatez al hacer y defender semejante afirmación.
La violencia está a la orden del día y ni siquiera nos atrevemos a analizar con qué tasa de homicidios hemos cerrado el 2023 porque evidentemente, desde las altas estructuras policiales, hay toda una estrategia para ocultar o manipular la información. Cuando el flamante ministro de Seguridad publicó, con bombos y platillos, que hubo un día sin homicidios en Honduras, la propia subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, se encargó de desmentirlo. Nada más que decir.
En seguridad vial, los hondureños estamos horrorizados por la gran cantidad de accidentes viales, una prueba de la incompetencia policial para poner orden en todos los ejes viales del país, en los que se conducen de forma temeraria los asesinos del volante. Este año, fácilmente las cifras de personas fallecidas en accidentes viales pueden rondar los 2,000, es decir, alrededor de 5 personas diarias.
En el campo de la salud, la situación en lugar de mejorar ha empeorado. Los hospitales públicos siguen en estado calamitoso, mientras los centros de salud y clínicas periféricas siguen sin medicamentos básicos. La promesa de construcción de nuevos hospitales sigue siendo eso: una promesa.
En el campo educativo, en muchos centros no se cumplieron los 200 días de clases y la autoridad educativa minimizó la importancia de que, al menos, los niños y niñas se encuentren en un salón de clases. De 109 centros escolares que se prometió reparar en 2023, apenas 23 habían sido intervenidos hasta agosto. Además, un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) develó que al 31 de octubre apenas se había ejecutado el 75% del presupuesto de 38,110 millones asignado a la Secretaría de Educación.
El gobierno dispuso para 2023 de un presupuesto general 403,161 millones de lempiras, el más alto en la historia de Honduras.
Sin embargo y de acuerdo a la Secretaría de Finanzas, la ejecución de ingresos (recursos captados y devengados registrados en el momento que jurídicamente permite el derecho de cobro) fue de 314,502 millones de lempiras, es decir, el 78% (alrededor de 90,000 millones de lempiras NO ejecutados).
La Presidenta Castro debe insistir en obtener información fidedigna (confiable) del por qué existe este bajo rendimiento en la ejecución presupuestaria, sobre todo la relacionada con la inversión pública.
De todos los gastos, el más importante debería ser el orientado a la inversión pública (construcción de infraestructuras viales, de salud, educación, agrícola, entre otros).
Pero, pese a su importancia, apenas el 3% de ese abultado Presupuesto General de la República se destina a la inversión pública. En términos de dinero, estamos hablando de 16,747 millones de lempiras los presupuestados, de los cuales, según datos del 27 de diciembre de 2023 de Sefin, apenas se ejecutaron 10,709 millones.
Y en este punto la pregunta es obligada: si el país necesita mejorar tanto en reconstrucción de centros escolares, centros de salud, hospitales, tramos carreteros productivos, bonos agrícolas, programas sociales de asistencia, ¿por qué no se ejecutaron alrededor de 90,000 millones de lempiras entre gastos e inversión pública en este 2023?
En el caso de la inversión pública, haber dejado de ejecutar más de 6,000 millones de lempiras en un país con tantas necesidades, es reprochable y amerita una explicación. Honduras es uno de los países con mayor pobreza prevaleciente y no ejecutar ese presupuesto solo denota la ineficiencia gubernamental, nos dijo una fuente a quien solo identificaremos como VR.
Lo más lamentable es que la ejecución de gastos, según Sefin, fue de 339,131 millones, equivalente el 84.1%. Bien podría ser motivo de alegría este porcentaje, de no ser porque la mayoría de estos gastos están relacionados con el pago de salario y jugosos viáticos de los funcionarios estatales. La organización ASJ estimó, según reportes de prensa, que estos viáticos en 2023 superaron los 600 millones de lempiras. Vaya forma de gastar el dinero público en un país al borde de la miseria.
El presupuesto 2024 ni siquiera ha sido aprobado en un Congreso Nacional que, en más de 110 días, apenas logró reunirse una sola vez en una sesión inútil marcada por la división entre el oficialismo y la oposición. Si bien el objetivo de esta sesión era aprobar amnistías municipales, vehiculares y migratorias, así como la posible elección de la junta directiva para el periodo 2024-2026, la oposición (que desconoce a la comisión permanente de 9 diputados de Libre) solo llegó en calidad de bulto al interpretar que todo se trataba de una trampa. Así están las cosas en Honduras, uno de los países más pobres de AL y el mundo.
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