Por: Ángela Marieta Sosa*
Debemos comenzar el 2024 reconociendo nuestras debilidades políticas, gestadas en el devenir histórico de Honduras y que han profundizado la brecha de separación de satisfacción de los derechos fundamentales entre el garante y la ciudadanía, en ese sentido, un poco de contexto y dato para reflexionar sobre el estado de la democracia, los derechos y libertades individuales, la corrupción, la concentración de poder, la inseguridad, el desempleo y el fenómeno migratorio.
Democracia que en algunos países de América Central y del Sur, dentro de los cuales se incluye Honduras, además de Chile, Ecuador, El Salvador, México y Perú, según la Revista El Estado de la Democracia en el mundo y las Américas: “Los líderes han recurrido al aumento de la militarización y a los estados de excepción como una forma de abordar los delitos violentos, con efectos negativos en el desempeño de la categoría de derechos y en la de Estado de derecho. Esto ha afectado especialmente al factor de libertades civiles y al indicador de seguridad e integridad personal”. https://www.idea.int/sites/default/files/2023-11/el-estado-de-la-democracia-en-el-mundo-y-las-americas-2023.pdf
Al respecto, sobre derechos y libertades, estos han sido manifiestamente violentados en Honduras en el 2023 y solo para ejemplificar, el irrespeto al derecho del debido proceso, en casos de alto perfil político como el de David Chávez actual presidente del Partido Nacional de Honduras, quien como todos los hondureños goza de las garantías que le ofrece el Estado de derecho, sin embargo lo evidenciado mediáticamente fue la falta de mecanismos procesales y de abordajes adecuados ya establecidos por la ley, dejando la clara impresión de una desenfrenada cacería política.
La corrupción y la concentración de poder como condición habilitante de la primera, propicia la falta de fondos para generar oportunidades de desarrollo en el marco de la garantía de derechos humanos. Para el Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras (CNA) la concentración de poder representa el quebrantamiento de la división de poderes, en virtud de la ocurrencia de este fenómeno, el imperio de la ley y la protección de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos no pueden ser garantizados por el Estado, pues la subordinación de un poder a otro ocasiona una afectación a la institucionalidad y permite los abusos de los servidores públicos, generando un deterioro a la democracia.
La inseguridad, constituye una afectación estructural negativa de los derechos humanos y sigue siendo un problema importante para el Estado de derecho. En Honduras no se observa resultado de fortalecimiento de la convivencia como pilar fundamental de la seguridad ciudadana. Al respecto en un análisis hemisférico que incluye a Honduras, para Global State of Democracy Initiative e International Idea, los gobiernos han fallado en abordar adecuadamente las causas del aumento de los crímenes violentos, y muchos han optado por otorgar más poder a las Fuerzas Armadas, aumentando su gasto en defensa y recurriendo a la militarización de la seguridad pública y de la migración, así como de ciertos servicios de la administración pública y de entidades paraestatales (Manetto 2023; Barrientos 2023; Freeman y Rey 2023). Es el caso de países tan diversos como Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, México y Perú (Flores-Macías y Zarkin, 2021; Amnistía Internacional, 2023).
El desempleo, como factor de expulsión nacional de personas sin oportunidades, para Carlos G. Calix, en el año 2023, “Honduras enfrenta una situación desafiante en términos de desempleo, exacerbada por una economía estancada, una gestión deficiente por parte del gobierno y la falta de visión para comprender la importancia de ubicarse mejor en el Índice de Libertad Económica.” https://www.latribuna.hn/2023/08/10/el-preocupante-dato-de-desempleo-en-una-economia-estancada/
El fenómeno migratorio lejos de disminuir ha aumentado, y comenzamos el año con el peregrinaje de miles de hondureños que por diferentes factores de expulsión (violencia, pobreza, falta de empleo, etc.), abandonan el país en búsqueda de mejor calidad de vida. La Organización Mundial de las Migraciones (OIM), reporta que al 2020 migraron 281 millones de personas en el mundo, asimismo 169 millones se encontraban trabajando en el país de destino para el 2019, y al 2022 se reportan como remesas transferidas al mundo entero 647 billones. Vaya negocio para los deficientes remedos democráticos de las Américas, el de condicionar y sostener la expulsión de sus connacionales.
*Magíster en Derechos Humanos.