Por: Abog. Octavio Pineda Espinoza (*)
No hay duda que la administración de Libre dirigida por Xiomara y Mel Zelaya ha sido hasta estos momentos un total fracaso, lo señalan así distintas mediciones hechas por diferentes instituciones, unas privadas y otras de carácter social como el Grupo de Reflexión, investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús conocido como ERIC, que ha elaborado el mismo ya por muchos años.
En la evaluación que el estudio de opinión ha elaborado el ERIC, se señala que la imagen del gobierno es negativa ante los ojos de los hondureños, califican el segundo año de gestión con un 4.23% de 10 posibles y el 52.1 por ciento percibe que la imagen de la presidenta sigue igual o que ha empeorado en un 32.1% ya que su gestión es mala o muy mala en un 43% y solo el 24.9% que es buena o muy buena y la mayoría de los ciudadanos (45.9%) considera que el país está peor bajo el gobierno actual y que han sido poco transparentes (69.1% negativo) contrario a lo que ofrecieron en sus promesas de campaña en materia de transparencia y rendición de cuentas, eso queda demostrado por la existencia de 13 instituciones del Estado que han solicitado reserva de información o sea, la aplicación de la Ley de Secretos Oficiales, que ofrecieron derogar, entre las que se destacan las negociaciones con la ONU sobre la CICIH, otra promesa incumplida, las del Ferrocarril Interoceánico, para muchos el negocio del siglo de los Zelaya, las relacionadas con contratos de energía de la ENEE, la construcción de la cárcel en la Isla del Cisne y otras que la ciudadanía tiene el derecho de conocer, auscultar y revisar por sus implicaciones a corto, mediano y largo plazo.
Es relevante señalar además que el 53.2% de los hondureños no ve ningún logro relevante en la presente administración, apenas un 9% señala mejoramiento de la infraestructura vial como uno pero esta misma ciudadanía indica que el gran fracaso del gobierno, como de hecho lo es, lo constituye la incapacidad para manejar la crisis económica, el alto costo de la vida, el desempleo y la pobreza en un 43% y agregan a la problemática no resuelta los temas de incumplimiento de las promesas de campaña, la inseguridad y la violencia, poco apoyo a la salud y la educación, la presencia del narcotráfico, la no instalación de la CICIH, la crisis agraria, el nepotismo en particular del “Familión”.
A nivel de los desafíos que le quedan a la administración en lo que queda de gobierno efectivo, son cinco los temas principales que los conciudadanos consideran deben ser resueltos por los gobernantes: Resolver la crisis económica, la generación de empleo, el cumplimiento de las promesas de campaña, la lucha real contra la corrupción y la impunidad, el mejoramiento del sistema de salud y educación y atajar el tema de la crisis de violencia en el país así como el combate al narcotráfico, todo esto debemos verlo y contrastarlo con el hecho que, el gobierno se ha dedicado a atacar y perseguir a quienes producen la riqueza material en el país o sea, a los emprendedores pequeños, medianos y grandes, los que pueden producir las fuentes de trabajo que reclama el pueblo para tener una vida digna.
Se ha dedicado a hacerse de oídos sordos a las mismas promesas de campaña que hicieron: Traer a la CICIH como mecanismo necesario para limpiar el Poder Judicial y perseguir adecuadamente los delitos de cuello blanco y de alto impacto en la sociedad, particularmente los relacionados con la corrupción, impunidad, lavado de activos, narcotráfico, trata de personas, extorsión y otros. No se ha derogado La Ley de Secretos Oficiales que tanto atacaron antes, no han reformado el Código Penal de la Impunidad, porque le favorece a sus propios funcionarios, no se ha aprobado la Ley de Colaboración Eficaz que serviría como instrumento para perseguir los delitos antes mencionados, no se ha transparentado ni derogado la Tasa de Seguridad ni el tristemente célebre e inconstitucional Consejo de Seguridad Nacional, fuertemente criticados en sus mítines políticos cuando JOH gobernaba, no se ha reforzado el Mecanismo de Protección a periodistas, abogados y defensores de los derechos humanos, al contrario, se ha desmantelado el mismo dejando en indefensión a estos grupos vulnerables por diferentes circunstancias en el ejercicio de su profesión.
Desde la materia propia del Poder Legislativo no se han eliminado efectivamente las ZEDES, no se ha regulado el empleo parcial, no se ha consensuado una Ley de Equidad Tributaria que sea acorde con las necesidades sociales, estatales y empresariales, no hay una agenda de fortalecimiento del Estado de Derecho y la productividad del órgano legislativo es la más baja en toda la historia de Honduras, de ahí su pobre nivel de confianza entre los hondureños (50.6% negativo) desde donde se hacen propuestas al aire sin la debida investigación y análisis como la del Tribunal Constitucional, no se han discutido las reformas electorales necesarias que ha exigido el pueblo y los mismos partidos políticos para adecentar la política y los procesos electorales, regular sus fuentes de financiamiento, ciudadanizar las mesas electorales efectivamente, separar la elección presidencial de la de los alcaldes y diputados y elegir los últimos por distritos entre otras.
El gobierno es completamente inefectivo y sus funcionarios igual, de tal forma que el ciudadano cree en un 78.3% que debe haber cambios en el gabinete en el mismo, ya que sus ministros, empleados y responsables no han dado gobernabilidad ni estabilidad a carteras tan importantes como salud, educación, energía, de ahí la salida frecuente de funcionarios y que, a estas alturas se considere al gobierno como fallido.
(*) Abogado y Notario. Catedrático Universitario. Político Liberal.