Recientemente en un diario local el director de la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería (DEFOMIN) en una miniconferencia de prensa manifestó que había cobrado 64,000.000 millones de lempiras a unas compañías mineras por haber hecho uso de unas dispensas en forma irregular, al respecto quiero manifestar lo siguiente:
A) Es totalmente FALSO lo aseverado por el director de DEFOMIN, señor Aldo Santos, ya que la Procuraduría General de la República ha entablado 87 demandas ante los tribunales de la República para lograr tal fin, no es a DEFOMIN a quien le corresponde recuperar esos caudales públicos y tampoco las compañías mineras han pagado un centavo.
B) Todo se deriva a raíz de la derogación del artículo 74 de la actual Ley General de Minería a petición de la abogada Clarissa Vega, quien interpuso un Recurso de Inconstitucionalidad en contra de 13 artículos de la Ley de Minería y que la Corte Suprema de Justicia resolviera favorablemente mediante sentencia emitida el 4 de octubre de 2006 y que sin conocer dicha sentencia la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería siguiera aplicando el artículo mencionado. El artículo 74 derogado decía: Todo equipo, maquinaria, repuestos y materiales necesarios utilizados en el desarrollo eficiente y económico de las operaciones mineras, con excepción de derivados del petróleo y vehículos de carácter no productivo en la actividad minera, tendrán derecho a libre mercado, exentos del pago de impuestos de importación y derechos aduaneros, mientras se mantenga en vigencia la concesión, para tal fin el reglamento de esta Ley señalará el procedimiento de exoneración. Hago mención que jamás se aprobó el Reglamento de la Ley General de Minería.
Supuestamente el departamento de Asesoría Legal de la DEFOMIN ignoraba esa sentencia, igual los apoderados legales de las compañías mineras, dado que la Corte Suprema de Justicia no comunicó en forma oficial al órgano rector de la actividad minera tal decisión, lo que considero una desacertada medida, pero más grave aún es que habiéndosele comunicado tal sentencia al Congreso Nacional este hasta la fecha no haya suplido tal vacío legal; lo más importante es la derogatoria de los impuestos que las compañías mineras estaban obligadas a pagar y que de buena fe siguen pagando lo mismo que antes de la derogatoria.
Siendo director de la DEFOMIN el arquitecto Roberto Elvir Zelaya se hicieron notables esfuerzos con la Secretaría de Finanzas y la Procuraduría General de la República a fín de recuperar los caudales públicos dejados de percibir por el Estado sin resultados positivos ya que las compañías mineras aducen que el beneficio fiscal de las dispensas no sólo la Ley de Minería lo avalaba, también la Ley de Franquicias y otras conexas por lo cual no admitían la responsabilidad de pagar el uso de las dispensas y hasta el día de hoy mantienen tal posición, lo que parece muy lógico y a raíz de esto la Procuraduría General de la República entabló acciones judiciales a fin de que las compañías mineras paguen lo debido.
No es la primera mentira del actual director de la DEFOMIN, en una comparecencia en un canal oficial manifestó que en los años 2009 y 2010 no se habían otorgado concesiones mineras y que hasta la llegada de él se habían firmado 3 contratos de concesión minera, lo cual es FALSO ya que en el año 2009 se inscribieron en el Registro Público Minero 32 concesiones mineras y hasta el mes de agosto de 2010 se registraron 17; todas concesiones mineras no metálicas.
La política Minero-Ambiental del actual gobierno ha fracasado ya que no se han nombrado los funcionarios competentes para lograr tal fin, no es limpiando excremento de zoológicos ni tratando de leer contadores de energía, ni con mentiras que se logrará la función que el Presidente de la República les encomendó.
La formulación, coordinación, ejecución y evaluación de la política ambiental es exclusividad de SERNA al igual que la política minera del país y quien la aprueba es el Presidente de la República, no existe en nuestro país un Plan Nacional Minero, ya que las actuales autoridades de la DEFOMIN han sido incapaces de formularlo; tampoco ha propuesto al Presidente de la República, el Manual de Política Ambiental Minera por lo cual en este campo, ha sido incapaz el actual gobierno de generar confianza entre los inversionistas nacionales y extranjeros.
Ing. Óscar Trujillo
Tegucigalpa, M.D.C.