Sobreseimiento provisional a la esposa y cuñada de subcomisionado Barralaga

Un juez de Jurisdicción Nacional le dictó ayer un sobreseimiento provisional a la esposa del Subcomisionado (R), Jorge Alberto Barralaga, abogada Reyna Elizabeth Ayala Reyes, exasesora de la Secretaría de Seguridad; y su cuñada, Edith Xiomara Roca Pérez, acusadas por el Ministerio Público (MP) por el delito de lavado de activos.
Tras conocer la resolución anexada al expediente del caso, la defensa de las mujeres ordenó que se ejecute la libertad de ambas, por lo que hoy en la mañana saldrían de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en el valle de Támara, Francisco Morazán.
Ayala y Roca permanecieron detenidas desde el pasado 30 de Julio del 2017, luego que las capturaran de manera simultánea, en el marco de la Operación Perseo, coordinada por fiscales Contra el Crimen Organizado y agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) del Ministerio Público.
Es así que ahora el MP tiene aún cinco años para continuar investigando sobre el caso.
La detención de Ayala Reyes fue realizada en la residencial Las Cascadas de la capital, mientras que la de su cuñada Roca Pérez se realizó en Tocoa, departamento de Colón.
Junto a las féminas fueron detenidos el subcomisionado, Jorge Alberto Barralaga, quien se encuentra guardando prisión en la cárcel de Támara, por suponerlo responsable del delito de lavado de activos.

Asimismo, la joven Montse Paola Ponce Fraga, esposa del extraditado Wilter Blanco, se encuentra tras las rejas.
El pasado 5 de agosto del 2017, el juez de jurisdicción nacional les dictó prisión preventiva a los cuatro imputados, incluidas la abogada y su cuñada, en una maratónica audiencia que duró al menos dos días, en donde tanto la defensa de la familia Barralaga, así como el MP, presentaron una extensa carga probatoria.
De acuerdo a las investigaciones realizadas por el MP, en menos de siete meses la familia Barralaga habría movido financieramente más de 1,500 millones de lempiras, acción por la que los señala como responsables de cometer supuesto lavado de activos.